Micheletti rechaza a la diplomacia española y da un ultimátum de diez días a Brasil

En respuesta a los llamamientos a una insurrección popular, por parte del depuesto presidente Manuel Zelaya, el Gobierno hondureño encabezado por Roberto Micheletti ha suspendido, por medio de un decreto, las garantías constitucionales durante 45 días, restringiendo las libertades de circulación y expresión y prohibiendo las reuniones públicas. De la misma manera, ha anunciado el cierre de medios de comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley".

Soldados hondureños durante la crisis

En un endurecimiento de su posición, el Gobierno en funciones también ha señalado que no recibirán "agentes diplomáticos" de España, Argentina, México y Venezuela, al tiempo que, por otra parte, expulsaba del país a funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, señaló en un comunicado que "Solicitamos a Brasil que defina el estatus de Zelaya, dentro de un plazo no mayor de 10 días. De no ser así nos veremos obligados a tomar medidas adicionales.", llegando incluso a amenazar con retirar a la embajada brasileña su estatus diplomático. El Gobierno de Lula, con un peso internacional mucho mayor, rechazó categóricamente el ultimátum, sabedor de que sería un suicidio político por parte de Micheletti, emprender cualquier acción contra la embajada de Brasil en Honduras.

Este es el "estado de la situación" en el país centroamericano, un presidente depuesto, por supuestas prácticas antidemocráticas, encerrado en la embajada del país más poderoso de Iberoamérica y cuyo objetivo no ha cambiado un ápice desde que comenzó la crisis: volver al poder. Un gobierno "de facto" que va perdiendo la partida diplomática, aún a pesar de mostrarse dispuesto a dejar la presidencia el 27 de enero, cediendo paso al ganador de las elecciones del 29 de noviembre. Naciones extranjeras cada vez más involucradas en el asunto y presión internacional creciente para que se normalice la situación.

Haciendo un seguimiento detallado de los acontecimientos, la legalidad parecería estar del lado de Micheletti. Recordemos que el Tribunal Supremo hondureño declaró ilegal la consulta popular que pretendía llevar a cabo el ex-presidente Zelaya el 28 de junio pasado, con la intención de modificar la Constitución y buscar su reelección, como han venido haciendo otros mandatarios de la región, vinculados a la opción bolivariana liderada por el presidente venezolano Hugo Chávez. El Gobierno "de facto" ha convocado a elecciones y asegura no tener intenciones de mantenerse en el poder, lo cual no puede afirmarse en el caso de Zelaya. Pero entonces, ¿por qué la comunidad internacional parece estar del lado zelayista?

España, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Venezuela, la OEA, la ONU e incluso la Unión Europea, han presionado para que el depuesto presidente sea restituido en el Ejecutivo hondureño. Un presidente que no reconoce la campaña electoral en curso y sigue empeñado en modificar la Constitución por medio de una consulta declarada ilegal por el Poder Judicial de la Nación, con el único fin de reelegirse y mantenerse en el poder. Lo más lógico sería firmar un pacto en el que ambas partes se comprometieran a renunciar a la Presidencia, en favor del candidato que resultara ganador de las elecciones, pero Zelaya no quiere oír hablar de una renuncia al poder y su presencia en Honduras ha desestabilizado completamente al país. Por su parte, Micheletti está jugando una carta muy peligrosa al amenazar a Brasil y cualquier acción en esa dirección podría sentenciar la suerte de un gobierno cada vez más acosado internacionalmente y que, tras las suspensión de las garantías constitucionales, seguramente perderá cualquier apoyo exterior que aún le quedara.

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Para una visión estratégica más amplia de la crisis hondureña puede consultar el número 10 de la Revista Atenea, que podrá encontrar en los quioscos a partir del 1 de octubre, donde Ricardo Angoso analiza a profundidad la situación en el artículo "Honduras: primer gran fracaso estratégico de Chávez".