Crisis y, además, inseguridad jurídica

Santiago Pérez Díaz es Subdirector de la Revista ATENEA

CRISIS Y, ADEMÁS, INSEGURIDAD JURÍDICA

A la fragilísima situación económica y financiera por la que atraviesa España, agudizada en estos últimos días, hay que añadir la inseguridad jurídica que está creando la descomposición de la vida política que se observa en las relaciones entre el gobierno de la nación y algunos ejecutivos autonómicos. Puede decirse que ambas crisis se alimentan una a otra.

Los órdagos verbales de la Generalitat de Cataluña y los anuncios independentistas de una parte de las fuerzas políticas, tanto de esa comunidad como de las del País Vasco, hacen que en determinados casos la Constitución sea un auténtico papel mojado.

Nada mejor para ilustrar la situación que el esperpento de referéndum celebrado en un pueblo de Tarragona para aprobar el cultivo de cannabis -prohibido por el Código Penal- con objeto de que la droga derivada de esa planta sirva para sanear las cuentas municipales y se convierta en una fuente de recursos para los vecinos.
 
Cualquier voz que llame a la regeneración política del sistema queda ahogada por los improperios de una nutrida batería de voces antisistema bien publicitadas. Mientras tanto, el Gobierno aparece agarrotado ante la opinión pública y no parece cómodo a la hora de desarrollar el mandato que hace tres meses recibió en las urnas.

Tampoco el principal partido de la oposición encuentra su sitio, y se debate entre la demagogia heredada de la dirección anterior y la necesidad de formular críticas responsables y buscar el consenso con el Gobierno en aquellos puntos necesarios para conjurar la situación. En su vida interna, el partido reproduce en Cataluña lo que le ocurre al Gobierno a escala nacional: que sus militantes en esa comunidad no siguen las directrices del secretario general -y aún van más allá- se han independizado en la práctica de la dirección central.

A una buena parte de la sociedad española le gustaría que las dos principales fuerzas políticas sumaran esfuerzos en lo que se refiere a la lucha contra la crisis y a evitar cualquier forma de inseguridad. Sin ir más allá, ahora mismo podrían ponerse de acuerdo para que hubiera gobiernos estables en Andalucía y en Asturias, las dos regiones que acaban de pasar por las urnas, pero esto parece ser una tarea imposible. En Andalucía -y entre otras cosas- porque el líder socialista no es de la misma tendencia que el secretario general y ambos están enfrentados desde hace tiempo. En Asturias, los populares parece que son incapaces en ponerse de acuerdo con el partido regionalista con el que comparten la misma ideología, mucho menos con el de la oposición en el Parlamento de Madrid.

En estas circunstancias es difícil que pueda suceder lo que dicta el sentido común y lo que desean la mayoría de los ciudadanos. Así crece la inseguridad política, la económica y la jurídica.