Retos del nuevo Gobierno japonés en Seguridad y Defensa

Las elecciones a la cámara baja de las cortes japonesas, celebradas el pasado 30 de agosto,  han dado una amplia victoria al hasta ahora opositor Partido Demócrata del Japón (DPJ), que negocia actualmente con algunas formaciones minoritarias la formación del próximo gobierno. Respecto a Seguridad y Defensa son varias las cuestiones que afrontará el nuevo gabinete:

-  Relaciones con Washington. Según su programa electoral el DPJ pretende "reequilibrar" la alianza para convertirla en un "pacto entre iguales". No se esperan cambios radicales en lo que continuará siendo la piedra angular de la política exterior japonesa, pero sí quizás una postura más firme de Tokio y un margen más amplio para la discrepancia.

-  Bases norteamericanas. El DPJ aspira a una revisión de la presencia estadounidense en suelo japonés, que podría suponer el cierre o traslado de alguna base, por ejemplo Futenma en Okinawa. Dicha posibilidad ya ha sido discutida con administraciones anteriores.

 - Misión antiterrorista en el Océano Índico. La ley que la autoriza es de vigencia anual, y las declaraciones al respecto de los principales líderes opositores han sido contradictorias. Es probable que el DPJ permita que expire la actual ley a finales de año sin renovarla.

-  Contribución al esfuerzo aliado en Afganistán. La administración Koizumi llegó a considerar el despliegue de unidades de las Fuerzas de Autodefensa niponas (SDF) pero al final Tokio optó por limitarse a una presencia civil y al apoyo político y financiero a Kabul. Se espera que dicho apoyo sea reforzado, en parte como compensación por el posible fin de la misión en el Indico, en lo que podría ser una de las primeras iniciativas destacadas en materia de política exterior del nuevo gobierno.

-   Presencia en Irak. No quedan ya efectivos japoneses en el país, por lo que no ha figurado en la campaña electoral. Actualmente varias empresas japonesas pugnan por conseguir contratos de hidrocarburos, destacando un consorcio liderado por Nippon Oil.

-  Operaciones contra la piratería en el Golfo de Adén. Cuentan con un notable grado de apoyo entre el público japonés pero el DPJ no ha indicado su política al respecto. Lo más probable es que continúen. La seguridad marítima es vital para Japón y el país no se puede permitir el desprestigio que supondría la participación de navíos chinos sin su correspondiente contrapartida japonesa.

-  Política hacía Corea del Norte. El DPJ se ha hecho eco del clamor popular a favor de una política más dura en relación al régimen comunista, pero no ha especificado como puede tener lugar, con la excepción de las inspecciones marítimas. Se espera que la nueva administración aproveche una sesión extraordinaria de las cortes en otoño para presentar un proyecto de ley que permita la inspección de cargamentos aéreos y marítimos con origen en Corea del Norte, dando cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

-  Relaciones con China y Corea del Sur. El programa electoral del DPJ y las declaraciones de sus principales líderes apuntan a una intensificación de las relaciones con los vecinos asiáticos, que podría verse facilitada por una actitud más conciliadora en materia de libros de texto y representación de la historia, así como por un fin de las visitas de ministros al templo de Yasukuni. Ello, sin embargo, no oculta la necesidad de hacer frente al fuerte rearme chino, que continuará impulsando la remilitarización del Japón bajo la nueva administración, junto con la amenaza norcoreana.

En definitiva, no se esperan cambios radicales en la política de Seguridad y de Defensa de Tokio, aunque es posible que la administración Hatoyama lleve a cabo algunos pasos para desmarcarse de sus antecesoras. En otros campos la continuidad parece a priori ser la tónica.

En sus más de diez años de existencia, el DPJ ha sido incapaz de articular un programa estable de Política Exterior y de Seguridad y de Defensa, siendo frecuentes los enfrentamientos y discrepancias públicos de sus líderes en estas materias, así como los cambios en sus programas electorales. Por ello, y a la espera de saber cuales serán sus socios de gobierno y la composición del gabinete, aun es pronto para conocer en detalle la futura dirección del gobierno Hatoyama. 

No obstante, es muy probable la continuación de lo que diversos observadores han denominado la "normalización" de Japón como potencia, es decir la continua reinterpretación del Art. 9 de su Constitución para permitir un mayor papel de sus fuerzas armadas como instrumento de seguridad y de política exterior. El primer paso, la aprobación de una ley que permita inspeccionar barcos y aviones norcoreanos.

*Alexandre Calvo Cristina, es Profesor de Relaciones Internacionales en la European University.