El dilema de la marina japonesa

Artículo publicado en el número  2 de la Revista Atenea

Los próximos meses Japón decidirá si renueva una vez más la ley de vigencia anual que da cobertura legal a la presencia de su armada, las Maritime Self-Defense Forces (MSDF), en el Índico en misión de soporte a las operaciones antiterroristas en Afganistán, o si, como ya ocurrió el primero de noviembre del 2007, ésta se retira de dicho océano por falta de apoyo parlamentario. Poco después se aprobó una ley por vigencia de un año que permitió a las unidades niponas volver a su misión.

Más allá de la misión, está en juego el papel del Japón en el mundo, el significado del Artículo 9 de su Constitución, y el balance de poder en Asia, siendo imposible aislar dichos debates de la controversia política sobre la misión.

Formación de marineros japoneses / Us navy

La misión de las MSDF en el Índico fue autorizada por la Ley de Medidas Especiales contra el Terrorismo, aprobada el 29 de octubre del 2001, como parte de la Operación Enduring Freedom, campaña contra Al Qaeda y los Taliban en Afganistán. Fue la primera misión militar japonesa parte de la Guerra contra el Terror desencadenada a raíz de los ataques del 11-S y ha marcado un salto cualitativo en la participación nipona en la comunidad internacional, generando una considerable polémica política en el país, que ha contribuido a la reciente dimisión del Primer Ministro Fukuda.
El papel de los navíos de las MSDF ha sido básicamente proveer de combustible, agua, y demás pertrechos, a los barcos de las demás armadas participantes, permitiéndoles operar por espacios de tiempo más prolongados sin tener que volver a sus bases. Ello ha beneficiado especialmente a la marina paquistaní, cuya presencia es políticamente de especial interés por ser un país de mayoría musulmana contribuyendo a evitar la sensación que se trata de un conflicto contra el Islam.

¿Qué pretende Japón con esta misión? Los siguientes motivos han sido mencionados en distintos foros, incluidos el propio gobierno y distintas cancillerías:

- Contribuir a la paz y a la seguridad internacionales, acabando con el santuario afgano, base de numerosos ataques terroristas.
- Reforzar la alianza con Estados Unidos, eje fundamental de la política exterior de Tokio.
- Impulsar a la gradual relectura del artículo 9 de su Constitución, expandiendo el papel de sus fuerzas armadas.
- Promover la seguridad marítima en una zona vital para las importaciones japonesas.
- Incrementar su prestigio internacional, evitando acusaciones de practicar la "diplomacia de talonario".
- Tener acceso directo y en tiempo real a inteligencia naval en el Índico, gracias a la presencia de oficiales nipones en el cuartel general aliado en Bahrain.
- Entrenar a sus unidades navales en técnicas de aprovisionamiento en alta mar.

Pero a la vez todo ello puede ser visto desde un ángulo distinto, lo que ha llevado por parte de la oposición y a algunos expertos, especialmente tras la última renovación de la ley, a enumerar acusaciones de:

- Promover la visibilidad del Japón a ojos de Al Qaeda, incrementando el riesgo de ataques terroristas contra el país.
- Ser una misión básicamente política, de poca importancia objetiva.
- Ser una tapadera para el suministro de combustible a fuerzas aliadas desplegadas en Irak, posibilidad no contemplada por la ley.
- Suponer una violación del Art. 9 de la Constitución.
- Responder a una excesiva identificación del gobierno japonés con el Presidente George W. Bush y el Partido Republicano.
- Contribuir a la pujanza política de las fuerzas armadas japonesas frente a la burocracia civil y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El despliegue de las MSDF en el Índico se llevó a cabo bajo Junichiro Koizumi, un primer ministro muy carismático y que situó la política exterior y de seguridad y defensa como una de sus máximas prioridades, continuó con Shinzo Abe, cuyo corto mandato tuvo como gran objetivo la "normalización" del Japón en dichos campos, mientras que el perfil del recientemente dimitido premier japonés, Yasuo Fukuda,  es más gris y orientado hacia la política interior. ¿Supone ello el riesgo de una menor atención a la participación japonesa en la lucha antiterrorista, o hasta de la posibilidad que el gobierno nipón decida no intentar obtener el permiso legislativo para proseguir las operaciones en el Índico?

Barcos navegando en el Mar de Japón / Us navy

Aunque todo parece indicar que no es así, lo cierto es que Fukuda no se refiere tan a menudo en sus discursos a la política exterior y de seguridad y de defensa como sus antecesores, pero ello es debido tanto a su personalidad, más tranquila, como al cálculo político basado en que el elector japonés está más preocupado por los problemas económicos y sociales que pese al fin de la década perdida de los 90 continúan afligiendo al país. Nos encontramos pues con un cambio de estilo y de estrategia comunicativa, pero con una fuerte continuidad de fondo en las políticas en este ámbito. A la espera de ver quien será su sucesor, no se esperan grandes cambios.

Las últimas semanas han sido testigo de un elevado número de incidentes de piratería en el Índico, algunos con barcos japoneses como víctima. La prensa nipona ha seguido con atención este problema, y algunas voces han afirmado que se trata de un argumento de peso a favor de la renovación de la misión de las MSDF en dicho Océano, por donde transcurren vías marítimas de vital importancia para el Japón.

Por otra parte, una noticia reciente ha situado Afganistán en la portada de muchos rotativos nipones: Kazuya Ito, empleado de una ONG, ha sido secuestrado y posteriormente asesinado en la provincia de Nangarhar, en el este del país. Este lamentable incidente, aunque pueda ser considerado por algunos como un argumento para reducir la presencia nipona en el país, puede perfectamente tener el efecto contrario, reforzando la visión de la seguridad en el país centroasiático como relevante para el Japón. Hay que tener en cuenta que en cierto modo la presencia de diferentes ONG niponas en Afganistán es vista como un sustituto de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa, no desplegadas pese a varias propuestas en este sentido , así como la importante contribución económica japonesa a la reconstrucción afgana.

Lo que se está discutiendo en Japón en estos momentos, y la decisión que tendrá que tomar pronto la Dieta, no es si un pequeño número de barcos de las MSDF van a proseguir su colaboración en las tareas de interdicción marítima en el Océano Índico; lo que constituye objeto de debate, aunque no siempre se diga abiertamente, es el futuro rumbo de la política exterior y de seguridad y defensa nipona, la interpretación (o hasta reforma) del artículo 9 de su Constitución, y el equilibrio de poder del Japón con sus vecinos asiáticos.

El artículo 9 de la Constitución Japonesa de postguerra, pese a que literalmente parece prohibir a Japón el empleo de la fuerza y la posesión de efectivos militares,  en la práctica ha sido reinterpretado casi desde el primer momento, y su supresión o radical modificación aparece a los ojos de muchos observadores como inevitable.

Son muchas y poderosas las voces en Japón que reclaman que el país se convierta en una potencia "normal" , empleando sin complejos sus fuerzas armadas, participando en un espectro más amplio de operaciones de mantenimiento de la paz, protegiendo sus líneas marítimas de comunicación, y concluyendo pactos de defensa mutua con otros países, y todo ello con un ojo puesto en la China Comunista. Ello implicaría un reequilibrio de la tradicional alianza con los Estados Unidos, que han ido empujando a Tokio en esta dirección, y el refuerzo de los lazos con la India .

Beijing observa con grave preocupación dichos movimientos, acostumbrada hasta hace poco a un Japón acomplejado y a una India encerrada en su conflicto con Pakistán, aunque en relación con el Océano Índico comparte con ambos países un interés en su seguridad, interés que sienten todos los estados litorales de la zona y que ha dado lugar a una partida estratégica a múltiples bandas. La "normalización" del Japón es tradicionalmente vista con recelos por la República Popular China.

La misión de las MSDF en el Océano Índico reviste mucha mayor importancia de la que puede parecer a primera vista. Más allá del valor de los navíos japoneses para el resto de participantes en las operaciones de interdicción, está en juego el papel del Japón en la región y en el mundo, y el futuro estatus de sus fuerzas armadas.

Lo más probable es que de una forma u otra la misión continúe, aunque el principal partido de la oposición se muestre contrario. Ello permitiría a las MSDF continuar ganando experiencia, estatus a nivel interno e internacional, e impulsaría el eterno debate sobre el papel de las fuerzas armadas japonesas y la naturaleza de la política exterior del país.  Es más, el gobierno podría aprovechar la oportunidad para impulsar la aprobación de una ley permanente que permitiese el despliegue de tropas japonesas en el exterior en misiones de paz, sin necesidad de una batalla parlamentaria anual, aunque para ello deberá contar necesariamente con las opiniones de su aliado parlamentario Komeito, menos entusiasta al respecto que muchos legisladores del Partido Liberal Demócrata, y esperar el resultado de las elecciones internas en el seno del LDP para escoger el próximo Primer Ministro.