Tres meses después de las últimas elecciones del pasado 12 de junio, en Irán, el Gobierno de la república islámica ha perdido gran parte de su legitimidad. Si, por un lado, con el fraude de las elecciones se ha perdido la legitimidad política, por otro, con el intento del líder supremo, Alí Jamenei, de perpetrar un golpe de estado de terciopelo, se ha dañado gravemente la legitimidad religiosa sustrato indispensable del régimen iraní.
La disconformidad con lo ocurrido no solo nace del propio seno del régimen sino que también se convierte en un movimiento popular, por lo que tanto la unidad de dirección del país como el apoyo social son inexistentes.
Si a esto se añade el elevado número de muertos de la represión, la falta de asistencia, el pasado 5 de agosto, de los ex presidentes Jatami y Rafsanyani a la toma de posesión del presidente Amadineyad, los más de 40 periodistas encarcelados por su disidencia con la postura oficial o el reconocimiento del fiscal general de la tortura de algunos detenidos, parece razonable pensar que la situación del régimen es verdaderamente preocupante.
El permiso dado por Irán, a mediados del pasado mes de agosto, para que los inspectores de la ONU visitaran las obras del reactor nuclear de Arak y ampliaran los sistemas de control de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz plantea el debate entre quienes ven un signo de flexibilidad de unos dirigentes ahogados por las sanciones y falta de legitimidad, y quiénes consideran que es una nueva maniobra de despiste de Teherán ante el próximo escrutinio internacional de sus actividades atómicas.
El régimen iraní parece haber calculado que si se resolvía el problema nuclear ayudaría a solventar la grave situación económica del país, al evitar nuevas sanciones y permitir el levantamiento de las existentes así como contribuir a reparar le dañada credibilidad de la elite dirigente. No es la primera vez que al acercarse la fecha para un nuevo informe de la AIEA - el próximo mes de septiembre - Irán hace un gesto de esta naturaleza.
La reciente decisión del régimen iraní de permitir el acceso de los inspectores de la ONU, intentando resolver el problema nuclear, supone no solo una huida hacia delante para que la comunidad internacional cierre los ojos y de por buenos los resultados de las elecciones olvidándose de los muertos de la represión sino también anular la resistencia del pueblo iraní para que el levantamiento popular no se convierta en una verdadera revolución que pueda poner en peligro el actual gobierno de la república islámica.
En definitiva, a la comunidad internacional se le presenta una excelente oportunidad de negociar la posible anulación del proceso nuclear iraní en un momento de debilidad e incluso de peligro de desplome del régimen. Es preciso aprovechar esta ventana de oportunidad, siempre teniendo presente tanto la defensa del pueblo y de la democracia persa como la permanente ambigüedad calculada con la que siempre actúa el régimen teocrático iraní