Guatemala relanza el debate: legalizar la droga para atacar a los cárteles

Hace un par de semanas, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina lanzó una propuesta a su homólogo salvadoreño que apenas tuvo reflejo en la prensa internacional por venir de un mandatario cuyo país no es foco de atención salvo cuando se trata de llenar algún minuto de la sección de sucesos o cuando, periódica y rutinariamente cada cuatro años, sus ciudadanos acuden a las urnas. Sin embargo, la proposición de Pérez Molina encierra uno de los debates de mayor calado para la seguridad y el futuro de toda Iberoamérica.

Lo que Pérez Molina anunció al salvadoreño Mauricio Funes durante la visita oficial de éste fue, ni más ni menos, la intención de incluir en la agenda de discusión de los países de la región la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas como una nueva estrategia para frenar el narcotráfico y los devastadores efectos que este tiene en la sociedad y en la política de los países de la zona y, especialmente, de lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, que en los últimos años están siendo literalmente 'invadidos' por la expansión de los cárteles mexicanos.

Pérez Molina pretende que la despenalización del consumo, así como de la producción, transporte y comercio de drogas, sea tratada como una hipótesis de lucha contra el narcotráfico en la próxima cumbre centroamericana, y que se trasladen sus conclusiones a los otros principales actores de este drama: el mercado consumidor (EEUU), el distribuidor (México) y los principales productores (Perú y Colombia).

La propuesta del presidente guatemalteco no es, por supuesto, nueva ni está exenta de polémica desde hace varias décadas, pero es tal la gravedad de la situación en los países que sufren directamente la inseguridad de los 'cárteles' del narcotráfico que es bueno poner sobre la mesa cualquier estrategia, por muy descabellada que parezca. Para Pérez Molina, la legalización de las drogas disminuiría los delitos que lleva aparejados el narcotráfico más allá de la violencia pura, como el lavado de dinero, el tráfico de armas, el contrabando y la corrupción política que está erosionando la gobernanza de la mayoría de los países de la región.

En la actualidad, la política de seguridad en Centroamérica se basa en gastar millonarias sumas en policías y ejército para intentar contrarrestar el poder de los cárteles que, como ya hemos advertido aquí en otras ocasiones, van muy por delante de la política de estos países, tanto en armamento, como en capacidad de organizarse trasnacionalmente.

El pasado año, la ONU ya elaboró un prolijo documento que abogaba por instaurar nuevas estrategias en la lucha contra el narcotráfico. Avalado por las firmas de personalidades tan respetadas como el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan; el ex responsable de Política Exterior y de Defensa Común, Javier Solana, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, o el empresario norteamericano dueño de Virgin, Richard Branson, la ONU denunciaba que "la guerra contra la droga está siendo un fracaso y no podemos pretender ahora que funcione".
Ésa era la principal sentencia de la Comisión Global de Políticas contra la Droga, que reclamaba poner fin a la estrategia de la prohibición que durante más de cuatro décadas ha seguido la ONU abanderada por los gobiernos de Estados Unidos que, curiosamente, es el principal país consumidor de las sustancias prohibidas. La Comisión, al contrario, pretendía en sus recomendaciones que se despenalizara a los consumidores, una rebaja de las penas a los pequeños traficantes y, para empezar, que se regulara el consumo de cannabis como primer paso para ir regulando en el futuro otras drogas aún más duras.

Los datos que acompañaban el informe de la Comisión de Naciones Unidas reflejan bien a las claras el fracaso de la lucha de los gobiernos contra el narcotráfico desde la óptica del consumo y de la adicción. En diez años, entre 1998 y 2008, el consumo de opiáceos en el mundo había sufrido un alarmante aumento del 34,5%, pasando de los 12,9 millones de adictos a los 17,35 millones. La estadística del consumo de cocaína también hablaba por sí sola: en esa década, su consumo aumentaba un 27% y también se disparaban los adictos hasta los 17 millones. El cannabis, con un aumento del consumo 'más moderado', un 8,5%, tenía a finales de 2008 nada menos que 160 millones de consumidores en todo el mundo. Las cifras que daba Naciones Unidas, pues, mostraban el fracaso total en la lucha contra el narcotráfico. Unos datos aún más reveladores si se añade que, en ese tiempo, los cárteles mexicanos, por ejemplo, han multiplicado su influencia y su poder o que Al Qaeda, también en esa década, ha logrado multiplicar su financiación gracias al opio afgano.

El ex presidente brasileño Fernando Enrique Cardoso reclamaba en ese documento de la ONU que se empezara por regular el consumo del cannabis para intentar minar el poder del crimen organizado en torno a la droga. "No despenalizar, pero sí regular", añadía. Y terminaba con una recomendación que, tal vez, suponía un ruego: reclamaba a los gobernantes "experimentar" con nuevas políticas una vez comprobado el fracaso de las actuales. El mismo llamamiento que hace una semana hizo el presidente de Guatemala a su homólogo salvadoreño un año después de que la ONU presentara su informe. Un año después en el que lo único que ha cambiado es el poder de los cárteles que, por supuesto, ha ido aumentando.

*Alberto Pérez Giménez es periodista y analista político
Twitter: @albertopgimenez
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