El Tribunal Supremo surcoreano ha confirmado las sentencias impuestas a cuatro piratas somalíes, capturados por sus fuerzas navales hace un año en el Mar de Arabia, confirmando la jurisdicción del Poder Judicial del país para juzgar estos delitos. La decisión pone fin al primer proceso por piratería de la Corea contemporánea, y deja claro que Seúl ha decidido optar por la mano dura ante el fenómeno, que despierta especial preocupación en un país exportador y orientado hacia el mar. Queda en el aire la duda de hasta qué punto se habrá tratado de un hecho aislado o de una señal de lo que nos espera, así como la relación entre la lucha contra la piratería y el rearme naval surcoreano con propósitos más generales.
Interceptados en el Mar de Arabia
Los orígenes del proceso son el secuestro por una banda de piratas somalíes del carguero surcoreano Samho Jewelry. Los piratas abrieron fuego contra el capitán, hiriéndolo gravemente.
En respuesta, fuerzas de élite navales asaltaron el barco, rescatando a los 21 miembros de su tripulación y neutralizando a ocho piratas. Cinco fueron capturados, siendo trasladados a Corea del Sur para ser juzgados. Uno de ellos se confesó culpable y fue juzgado por separado, mientras que en el juicio del resto, su cabecilla Mahomed Arai era condenado a cadena perpetua por intento de asesinato, piratería, y otros seis delitos, y los otros tres recibían penas de prisión de entre 13 y 15 años.
El Tribunal Supremo confirmó todas estas penas, y fuentes judiciales comentaron que Arai se había librado de la pena capital porque el capitán se estaba recuperando de sus graves heridas (tras 280 días de hospitalización y diversas intervenciones quirúrgicas) y dado el fin de sus ocho compinches.
Disipadas las dudas sobre la competencia de los tribunales coreanos. El principal argumento de la defensa, tanto en primera instancia como ante el Tribunal Supremo, fue la supuesta falta de competencia de los tribunales surcoreanos para enjuiciar los hechos. Los abogados de los piratas intentaron convencer a los jueces de que no se daba una conexión suficiente con los hechos enjuiciados, acaecidos en aguas internacionales.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó dicho argumento, confirmando que la nacionalidad de las víctimas otorgaba a los tribunales surcoreanos la competencia necesaria.
Hemos de destacar dos hechos. En primer lugar, que el barco no está registrado en Corea del Sur, sino que navega bajo bandera de Malta. En segundo, que solamente ocho de los 21 tripulantes eran surcoreanos. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que la nacionalidad del capitán y de parte de las víctimas era suficiente.
Tres preguntas clave
Antes los hechos y la sentencia del Tribunal Supremo, surgen diversos interrogantes. Entre ellos podemos destacar en primer lugar el alcance efectivo de la Sentencia, que aparentemente supondría la jurisdicción por parte de los tribunales surcoreanos en cualquier acto de piratería donde alguna víctima fuese nacional del país. Ello naturalmente podría abrir la puerta a un posible conflicto con otras potencias cuyos nacionales hubiesen sido también objeto de ese mismo ataque, siendo quizás necesario algún acuerdo ad-hoc en cada caso, que sin embargo podría ser explotado por la defensa para cuestionar la jurisdicción del tribunal finalmente encargado de enjuiciar los hechos.
Sin embargo, no parece haber por desgracia demasiado interés por parte de muchos países en juzgar a los piratas. De hecho, muchos han sido liberados tras ser detenidos, otros han cumplido penas irrisorias, y diversas potencias han intentado que sean países de la zona, como Kenia, quines se encarguen de esta incómoda tarea, habiéndose firmado diversos acuerdos al respecto. Ésta es una de las claves de la persistencia del fenómeno, y lamentablemente no nos debe sorprender: la piratería sale a cuenta. Cuando se tienen en cuenta los beneficios potenciales, las alternativas, y los riesgos que supone, son muchos los que deciden lanzarse al asalto de alguno de los numerosos mercantes que transitan las aguas alrededor del Cuerno de África.
La segunda pregunta que nos podemos hacer es hasta qué punto el asalto de las fuerzas especiales al Samho Jewelry supone el inicio de una política de firmeza por parte de Seúl, o quedará en una anécdota. Es un interrogante que surge cuando observamos cómo actuaciones parecidas, quizás hasta más contundentes, por armadas como la rusa o la india, no siempre han tenido continuidad.
Ligada a la anterior, una tercera podría ser hasta que punto países hasta la fecha reacios a emplear la fuerza contra la piratería podrían tomar ejemplo de la postura surcoreana. Aunque sería claramente deseable, no parece de momento demasiado probable. Como hemos comentado, muchas potencias con unidades navales y aéreas desplegadas en la zona parecen contentarse con ejercer una cierta disuasión "blanda", aunque en este caso no tienen ninguna de las excusas tradicionales a mano. Concretamente, se trata de operaciones multilaterales ante una amenaza que afecta a cualquier país, y el derecho internacional es claro al autorizar a cualquier barco de guerra a actuar contra la piratería en aguas internacionales.
Por si fuese poco, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en su día una resolución permitiendo la persecución de los piratas en aguas territoriales somalíes. Parece sin embargo que para algunos gobiernos el derecho internacional solamente es útil cuando permite rehuir sus responsabilidades en seguridad y defensa, siendo consignado a la papelera cuando sus normas más elementales les obligan a actuar de una forma que contradice la visión idílica e irreal del mundo que aun hay quien insiste en propagar en el Viejo Continente.
Finalmente, nos podemos también preguntar hasta qué punto las operaciones contra la piratería de la Armada surcoreana son un fin en sí mismo, por importante que sea el comercio marítimo para el país, o constituyen parte de una mejora de las capacidades navales orientada también a la lucha contra el terrorismo marítimo, la guerrilla naval norcoreana y, en última instancia, la reacción ante el rearme chino.
* Alexandre Calvo Cristina
Profesor de relaciones internacionales, European University

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