Trata de personas y dignidad humana

La escena contemporánea iberoamericana en temas de seguridad cada día adquiere más sensibilidad por los asuntos relativos a la protección específica de las personas, que es en definitiva a quien deben remitirse las políticas de los estados.

Según la Convención sobre Seguridad en las Américas del año 2003, la concepción es más holística, permite abarcar otro conjunto de amenazas y riesgos que no fueron considerados históricamente, y está compuesto de un enfoque integral por parte del estado, tanto para su comprensión como para su abordaje.

Desde ese año hasta la coyuntura actual, las determinaciones conceptuales que se consensuaron han demostrado su plena vigencia y actualidad en la realidad iberoamericana. Hoy la preocupación central de los gobiernos y la sociedad por su seguridad pasa por asumir las problemáticas más urgentes que nos plantean el crimen organizado, el tráfico de drogas, la delincuencia urbana, el tráfico de armas livianas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

La radiografía actual de nuestra región es la prueba más contundente en relación al debate que se sostuvo en su momento en cuanto que la seguridad clásica asociada a la defensa fronteriza iba a dar paso a la tensión creada por riesgos transnacionales, de naturaleza civil y enmarcada en una lógica de crimen organizado.

En esta dirección, el informe 2011 de la Ley de Protección de Víctimas de Trata del Departamento de Estado de Estados Unidos, agrega nuevos datos sobre este crimen organizado y las falencias en que todavía incurren nuestros estados.

Según las categorías establecidas por el TVPA, de un total de 18 países de la región latinoamericana, 12 están en nivel 2, es decir no cumplen plenamente los estándares mínimos, pero hacen esfuerzos por superar la situación (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay); hay 3 que están en nivel LV2, que significa que no cumplen los estándares mínimos, pero que tienen números elevados de trata y no tienen pruebas suficientes de avance (Costa Rica, Ecuador y Panamá); existen 2 países en nivel 3, que son aquellos que no cumplen los mínimos y no tienen esfuerzos desplegados para revertir la situación (Cuba y Venezuela); por último solo hay un país que está en nivel 1, que es Colombia, que implica el cumplimiento pleno de las normas mínimas del TVPA.

Todavía resulta incomprensible que nuestros gobiernos no extremen la legislación y las medidas concretas que se expresen en distintas políticas públicas para detener este crimen que tanto afecta a la población de nuestra región, como así lo indican distintas estadísticas. Una de éstas es elaborada por el propio TVPA, sistematizada desde el año 2005.

(Los números entre paréntesis corresponden a trata laboral)

Como podemos apreciar, hay una tendencia al alza en los procesos, que implicaría un aumento en la dinámica de la trata de personas, pero a su vez una disminución de las personas en calidad de convictos que, si se relaciona con la disminución en las víctimas identificadas, podría reflejar una situación más difícil en torno a la aplicación de la ley y la capacidad de pesquisar a las personas afectadas, que significaría que el crimen se ha sofisticado y perfeccionado en su ocultamiento.

Debemos considerar que la trata de personas resulta un negocio espectacular para el crimen organizado, puesto que, según las estimaciones globales, se ha constituido en el tercer mayor ingreso después del tráfico de armas y el narcotráfico. En nuestra región se calcula que las víctimas anuales bordean las 250.000 personas, 50 % de ellos son niños y niñas, y 100.000 son objeto de explotación sexual que mueve cerca de 16.000 millones de dólares.
Este comercio criminal transcurre al interior de la región, hacia países con mayores índices de crecimiento económico que se transforman en verdaderos polos de atracción, pero también hacia Europa, usando a España tanto como fuente de llegada como de puerta de entrada para el resto del continente, que la transforma en uno de los 10 principales destinos a nivel mundial. La procedencia de las víctimas se concentra en Brasil, Colombia y Ecuador.

Es indudable que estamos frente a una tendencia progresiva, que en los últimos años se ha visto agravada por la crisis económica y que ha impulsado la trata de personas con fines de explotación laboral, en muchos casos menores de edad. Por lo tanto es urgente que nuestros gobiernos vayan más allá de la aprobación de leyes y de la ratificación del Protocolo de Palermo, para concretar políticas integrales al respecto, al interior de los propios países en que se requiere un trabajo multi e interdisciplinario entre las instituciones gubernamentales, atendiendo al carácter del delito y sobre todo por los efectos materiales y sicológicos que deja en las víctimas.

Del mismo modo se requiere una acción conjunta y cooperativa entre todos los países de la región con una mirada transnacional, como hemos visto que es la característica fundamental de estos nuevos riesgos, que tejen sus redes más allá de los estados naciones.

Una de las claves para encarar este crimen tiene que ver con el paradigma de las TRES P, es decir la Prevención, la Protección y la Persecución que demanda justamente un accionar proactivo e integrado.

Por el contrario, es fundamental superar una visión legalista, muy propia de nuestros sistemas judiciales, en que se exige una reclamación formal de la víctima para iniciar los procesos de pesquisa y enjuiciamiento, que solo favorece a la red criminal, puesto que, por las características del mismo, la amenaza no solo está sobre la víctima, sino al conjunto de su núcleo familiar.

El enfoque debe considerar el valioso aporte de una sociedad empoderada en sus derechos y dignidad de la persona humana.

*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

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