El tráfico de armas ligeras y violencia criminal en Iberoamérica

La región iberoamericana ostenta el triste estatus de ser la segunda zona más violenta del mundo, con más de 140.000 homicidios por año, que también tiene un correlato en que entre el 70 % y 90 % de los hechos de violencia son cometidos por armas de fuego, una inmensa mayoría de ellas adquiridas producto de un tráfico ilícito en su propio territorio o a través de un comercio ilegal transfronterizo.

Si centramos esta realidad en la zona centroamericana, los resultados son aún más alarmantes, puesto que según la Organización Mundial de la Salud un país que tenga una tasa de homicidios sobre 10 es catalogado que está sufriendo de una epidemia de violencia. Las tasas de El Salvador (58), Guatemala (45), Honduras (43), Nicaragua (14), Panamá (11) así lo reflejan, y solo Costa Rica (8) arranca hasta ahora de este flagelo.

Las transferencias de armas, su proliferación y el tráfico ilícito son hechos que están relacionados con los niveles de violencia existentes, particularmente asociados al crimen organizado y la violencia delictiva en poblaciones marginadas, expresada a través de los enfrentamientos entre pandillas, que terminan en homicidios y heridas de bala.

En nuestra región, existe un instrumento muy importante como es la Convención Interamericana sobre la Fabricación y el Tráfico Ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, que se complementa con acuerdos, instituciones y cooperaciones sub regionales, como son los casos de MERCOSUR, Comunidad Andina y Centroamérica, apoyado por programas de Naciones Unidas UNLIREC, así como múltiples organismos no gubernamentales que realizan notables tareas en los ámbitos de capacitación, difusión, estudios y denuncias.

Según la OEA el tráfico ilícito de armas de fuego es uno de los factores que mayor violencia e inseguridad está generando en América Latina y el Caribe, para lo cual ha insistido en los instrumentos jurídicos y políticos, y también ha estado implementando programas específicos de acción sobre el terreno.

Uno de estos ha sido el Proyecto "Promoviendo el marcaje de armas de fuego en Latinoamérica y el Caribe", que está funcionando en base a una cooperación con Estados Unidos y que se hará extensivo a 30 países de la región, consistente en la donación de un equipo de marcaje, además de la capacitación del personal en su uso. Hasta ahora han recibido este aporte Uruguay, Costa Rica y El Salvador (que se ha comprometido a marcar más de 200.000 armas que tiene matriculadas). Se ha estimado que el control exhaustivo de las armas en el mercado ya opera como un disuasivo para su comercio ilegal.

Esta iniciativa está siendo acompañada con apoyo para el manejo de arsenales y la destrucción de armas de fuego requisadas y obsoletas. En este sentido, la OEA está facilitando y promoviendo esta actividad a través de una máquina portátil que servirá para la destrucción de 700.000 armas y municiones de aquí a fines de este año. Iniciativa que se suma a las 400 toneladas de municiones que la OEA ya ha destruido en Guatemala.

A principios de año representantes de México, Panamá, Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos se reunieron con la OEA para trabajar en conjunto en estas materias, tanto de capacitación en el manejo de arsenales, como en la destrucción de armas y municiones.

También debe abordarse el compromiso político, ya que del total de países miembros de la OEA, 30 de ellos ya ratificaron la Convención, pero aún faltan tres países muy importantes: Canadá, Estados Unidos - que es uno de los principales productores y exportadores de armas, además de tener una frontera larguísima y conflictiva con México - y Jamaica que es un país donde existe una fuerte presencia de crimen organizado en torno al narcotráfico y que también opera como lugar de paso del tráfico de armas.

Otro aspecto sustancial ha sido la capacitación de las fuerzas de orden y seguridad, como ha sido el curso desarrollado en abril para la policía boliviana, en el marco de la cooperación de UNLIREC y Canadá, en un país muy sensible por sus extensas fronteras con Brasil y Paraguay, constituyendo una zona altamente contagiada de crimen organizado en torno a drogas, armas y personas. Al igual que Colombia, que este año realizó su curso número 14, capacitando a más de 800 oficiales de la policía como expertos en el tráfico de armas. En el caso peruano, también se hizo un curso que capacitó a 56 funcionarios interagenciales, lo que ha ayudado mucho a una cabal comprensión del fenómeno en las distintas estructuras del Estado, particularmente por la complejidad del tráfico de hormiga de pequeñas cantidades en la frontera peruana con Brasil.

La capacitación focalizada en personal que trabaja en zonas fronterizas es fundamental, debido a que el tráfico, tanto en pequeña como en gran escala, se realiza por pasos fronterizos tanto legales como ilegales.

Otra realidad que deberá ser abordada nace debido a la poca confiabilidad de los organismos policiales, y se traduce en el aumento de la seguridad privada, organizaciones que tampoco cuentan con altos estándares de profesionalismo, que ha significado como en el caso de El Salvador, que de las armas registradas por estas empresas, un total de 1.731 han sido reconocidas como extraviadas en los dos últimos años.

Una de las zonas más vulnerables sigue siendo América Central y México. En el primer caso hay un reconocimiento del gran problema que representa la existencia de un armamento remanente de las cruentas guerras civiles que azotaron especialmente a Nicaragua, El Salvador y Guatemala que fueron quedando en manos de civiles y desmovilizados no integrados al sistema.

Todos estos países han reconocido que un flujo considerable de armas proviene desde Estados unidos en forma legal, pero que termina en México y países fronterizos en manos de pandillas.

Una vez más se requiere de políticas integrales, prevención, cooperación en las zonas fronterizas y una mayor responsabilidad de los países productores, para evitar una catástrofe social y económica de grandes proporciones.

*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

Otros artículos del autor

Las perspectivas programáticas de Ollanta Humala

La nueva política de seguridad colombiana

Seguridad ciudadana y derechos humanos en Iberoamérica

El urgente desafío de la seguridad ciudadana en América Latina

Bolivia, Chile y Perú: el triángulo de las tensiones