La nueva política de seguridad colombiana

El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos acaba de hacer público el contenido esencial de un nuevo programa de seguridad para el período 2010-2014 que, sustentado en seis pilares, ha denominado las "locomotoras de la prosperidad", lo que envía una señal muy potente sobre la percepción que se tiene de la actual Colombia. Atrás queda la política de seguridad democrática que durante ocho años acompañó a la gestión del presidente Álvaro Uribe, y que sin duda obtuvo avances importantes en la lucha contra el narcotráfico y los movimientos insurgentes, pero donde también se cometieron faltas graves contra los derechos humanos y la integridad profesional de las fuerzas armadas. El actual gobierno ha propuesto un nuevo modelo que se ha plasmado en una hoja de ruta para su período presidencial y que ha denominado de forma muy sugerente como Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad.

Los seis ejes del documento son: erradicar la producción de narcóticos; desarticular los grupos al margen de la ley; crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana; avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable; contribuir a la oportuna gestión de desastres naturales y catástrofes y fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector defensa y seguridad nacional. Como se puede apreciar en los enunciados básicos, este plan no es sólo para hacer frente al prolongado conflicto interno con los movimientos guerrilleros, sino que asume una mirada más integral de las demandas de seguridad. Por lo tanto, los temas de soberanía, seguridad pública y ciudadana, desastres naturales y las instituciones vinculadas a tales procesos pasan a ser ejes dominantes de la nueva escena político-estratégica.

Colombia asume que todavía tiene tareas pendientes en cuanto al control territorial del estado, donde existen las zonas rojas, con presencia activa de grupos armados ilegales, bandas criminales y actividad de narcotráfico. Estas zonas representarían alrededor del 6 % de los municipios. El instrumento estatal seguirá siendo la acción militar a través de las fuerzas armadas. Las zonas amarillas, son territorios de transición, donde se están poniendo condiciones para la presencia y gobernabilidad democrática. En las zonas verdes se espera que las óptimas condiciones de seguridad permitan el desarrollo de la prosperidad de la población.

Uno de los aspectos más sensibles atañe a la relación de la lucha contra el crimen organizado y las bandas criminales, ligadas al narcotráfico y otros crímenes asociados, para lo cual se hace imprescindible la presencia y el control territorial, la presencia en la frontera y la coordinación vecinal. Hoy existe una mirada más de fondo sobre la importancia del territorio y las estrategias de desarrollo local, como metodología y finalidad del proceso.

A estas demandas clásicas, se le ha sumado la seguridad urbana, atendiendo a que el fenómeno de urbanización creciente ha ido acompañado de grados de delincuencia e inseguridad cotidiana que también se transforman en un obstáculo para las tareas de desarrollo e imagen pública.

Cooperación transnacional

Un concepto incorporado en este nuevo programa pone énfasis en la cooperación transnacional, y particularmente vecinal, entendida no solo bajo la perspectiva de las soberanías nacionales territoriales, sino poniendo atención en las nuevas capacidades generadas por el crimen globalizado e interdependiente con otras zonas y regiones para lo cual es imprescindible un trabajo cooperativo y permanente.

Cada vez más, la realidad y lecciones aprendidas de otras experiencias han llevado a que las fuerzas de seguridad y orden tengan una participación activa frente a los nuevos riesgos como son los desastres y catástrofes naturales para los que deben tener capacidades instaladas, pero también protocolos y reglas de comportamiento y cooperación entre distintas agencias que puedan estar elaborados y actualizados desde los tiempos de paz y tranquilidad.

Por último, el elemento institucional es a su vez el soporte del conjunto de estos esfuerzos, donde se requiere una modernización material, pero sobre todo estar impregnado de una doctrina fundada en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El escenario estratégico al que se enfrenta el presidente Santos es distinto y se caracteriza por un notable descenso en la producción de cocaína, que ha emigrado hacia Perú y Bolivia, que se han transformado en los principales productores; en una debilitación de los movimientos guerrilleros, particularmente las FARC, ante los continuos golpes que se le han propinado desde 2008 y que les ha obligado a volver a sus tácticas originales de rehuir los combates directos; a una disminución de las acciones de los grupos armados ilegales, que pasaron de 357 en 2002 a 128 en 2010; un aumento de las acciones delictivas clásicas en las zonas urbanas y una mayor sensibilidad frente a las acciones de la naturaleza.

Pero también en el plano político nos encontramos con una Colombia potenciada, que paulatinamente ha ido saliendo de su aislamiento regional, progresivamente ha ido recomponiendo sus tan deterioradas relaciones vecinales, ha avanzado en la idea de un nuevo trato con Estados Unidos, y se ha ubicado en el arco del Pacífico, con relaciones estrechas con México y Chile. Este giro se ha plasmado también hace unas semanas con la firma del llamado Acuerdo del Pacífico al que se ha sumado Perú que se une a la entrada en vigor de la integración de las bolsas de valores entre Chile, Colombia y Perú, lo que constituye una poderosa herramienta para la articulación de sus economías abiertas.

Lo interesante es que el gobierno de Santos está encauzando la proyección de Colombia tanto hacia el interior de la región iberoamericana como hacia el Pacífico, diversificando su tradicional vinculación dominante con Estados Unidos. Esta transparencia de sus objetivos en seguridad y defensa también es una señal positiva para sus vecinos, la región y los procesos de integración en UNASUR.

*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

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