ETA, en la cuenta atrás

El asesinato por ETA del inspector de Policía, Eduardo Antonio Puelles García, adscrito a la Brigada de Información y responsable del grupo de seguimiento a terroristas, tiene una doble lectura que es preciso destacar. De un lado, el componente político de todo atentado. De otro, la significación del objetivo elegido.

Respecto al "efecto político" es evidente que la organización terrorista vasca pretende recobrar protagonismo tras las sucesivas y certeras desarticulaciones policiales de los últimos tiempos y la caída de apoyo electoral y social. La bomba lapa de esta mañana en Arrigorriaga (Vizcaya) ha servido para enviar a los Gobiernos Vasco y Central el mensaje de que sigue manteniendo su capacidad, pese a las "caídas" importantes de jefes operativos, y de estar en condiciones de intentar  forzar una nueva negociación. Así como recuperar la baja "moral revolucionaria" de sus militantes y organizaciones afines.

Pero resulta más inquietante el "objetivo" elegido por ETA. Sin excluir que haya sido un "objetivo de oportunidad" identificado casualmente por los comandos de información etarras, es más lógico pensar que han elegido entre los posibles a quién iban a asesinar.

Es evidente que, en su calidad de responsable de los dispositivos policiales de seguimiento, vigilancia e identificación de la red de ETA, al menos en Vizcaya, el trabajo de este servidor del Estado incomodaba a la organización terrorista, a la vista de los continuos éxitos policiales. Máxime cuando el atentado se produce a los pocos días de denuncias referidas a que el Gobierno del PNV dio instrucciones a la Ertzaintza para que redujese la presión sobre ETA y no se realizasen detenciones.

La llegada del Lehendakari Patxi López ha supuesto un giro de ciento ochenta grados en la política policial vasca. El dirigente socialista ha manifestado su intención de que la policía autonómica se implique en la lucha contra ETA. Parece abrirse, pues, un período de estrecha cooperación entre Policía, Guardia Civil y Ertzaintza. Este asesinato puede haber impedido que el inspector de Policía compartiese con la Ertzaintza la información de que disponía.

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