Uno de los fundamentos de la democracia política tiene que ver con la libertad de opinión y de información, que asegure la circulación de los debates y la mediación entre los ciudadanos y las estructuras de poder. Si a esto agregamos que nuestras actuales sociedades se caracterizan por un fuerte vínculo con una vida cotidiana relacionada con los medios de comunicación masivos, especialmente los editados bajo soportes audiovisuales, nos encontramos con una ecuación bastante compleja y decisiva a la hora de articular ciudadanía y poder.
Desde la década de los sesenta del siglo pasado, cuando muchos estudiosos vinculados a las disciplinas de la sociología, la ciencia política y la comunicación social se percataron de la enorme influencia de los medios de comunicación en la generación de la llamada "opinión pública", se fueron afinando los mecanismos para la incorporación de este nuevo actor en la contingencia política, y por lo tanto se transformó en un apetecido interés el hecho de contar con medios de comunicación que estuviesen al servicio de determinados grupos de interés de la sociedad.
Ya se había acuñado la frase del "cuarto poder" para graficar la enorme importancia que paulatinamente iba adquiriendo el rol que jugaban los diversos medios, con una preponderancia muy acelerada del soporte audiovisual. Las instituciones mediáticas asumían el espacio de la denuncia, del control ciudadano, de un cierto empoderamiento público que tenía fuerzas suficientes para cuestionar o tensionar al poder político o sencillamente para subordinarse a un determinado proyecto.
En los momentos de mayor tirantez política la pugna por el papel que jugarán los medios de comunicación se transforma en uno de los objetivos más preciados, y es transversal al conjunto de actores. Prueba de ello es el actual panorama de tensiones entre varios gobiernos de la región sudamericana y los distintos medios de comunicación, haciendo palpable el carácter que ha asumido el espacio público como el lugar de confrontación de los proyectos en disputa.
Así tenemos la efervescencia que se vive en Argentina ante la judicialización de esta batalla mediática a través de las denuncias que el Ejecutivo ha hecho por apropiación ilegítima y bajo condiciones de dictadura política de la empresa que maneja en forma casi monopólica la venta del papel periódico por parte de los actuales y poderosos diarios El Clarín y La Nación. Pero a éste debemos sumarles experiencias parecidas de confrontación entre medios y gobiernos en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, todos proyectos políticos que se presentan como refundacionales, que chocan con voces críticas y que han llevado a sus respectivos gobernantes a idear la figura de "diálogos con el Presidente" a través de medios radiales.
Esta tendencia ha generado fricciones en el entorno regional, donde organismos multilaterales y países en forma individual han expresado sus temores por una ofensiva de silenciamiento de la crítica, que pone en riesgos los logros democráticos y tensiona las relaciones regionales.
Pero a estos casos más bulliciosos, debemos agregar otros más silenciosos, pero no menos complejos. En Chile, el actual Presidente de la República es dueño de un importante canal privado de televisión abierta y solo en estos días se ha enajenado de su propiedad, a pesar de todos los evidentes conflictos de intereses que mantenía. Tenemos en muchos países en que no existe pluralidad de medios, puesto que la mayoría está en manos de grandes grupos económicos de tendencias políticas conservadoras. También tenemos un gran predominio de medios informativos transnacionales, específicamente estadounidenses, que tienen cobertura regional y han logrado hegemonizar una pauta comunicacional. Progresivamente va copando el mercado de medios una opción por el periodismo y programas de contenidos marcadamente sensacionalistas, donde el tratamiento de la violencia urbana, por ejemplo, se maximiza, se banaliza y se enfoca desde una mirada pornográfica, buscando respuestas condicionadas del público masivo (ejemplos de estos han sido los recientes conflictos con la prensa en México, Venezuela y Brasil, donde incluso se llegaron a "inventar" casos para el incremento de la audiencia).
La existencia de un periodismo y medios de comunicación verdaderamente comprometidos con la democracia es una necesidad, para lo cual debe confirmar que su mirada se sitúa desde la óptica de conciencia pública crítica y no como otro actor que pone en juego la manipulación de su poder. Tiene un papel fundamental en evitar los totalitarismos, en abrir debates, en contextualizar los problemas y desafíos que se nos presentan como sociedades en desarrollo.
*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

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