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| miércoles, 01 de septiembre de 2010 |
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La actualidad del caso salvadoreño debido a la propuesta del Ejecutivo de aprobar una ley para ilegalizar las pandillas criminales o maras puede dar una visión limitada del alcance regional que tiene el crimen organizado en Centroamérica. El recrudecimiento de la violencia en esta área, especialmente en El Salvador y Guatemala, ha abierto debates en sus respectivas sociedades y entre la clase política. Según las posiciones hay quienes piden mayor seguridad gubernamental y la construcción de cárceles especiales o aquellos que abanderan la pena de muerte como solución al problema.
Lo cierto es que el último informe que ha presentado este año la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que la violencia y el crimen organizado han sobrepasado todo tipo de límites. El documento indica que la región más afectada hoy en día es el Triángulo Norte de América Central: Guatemala, Honduras y El Salvador. La consecuencia inmediata y más importante de esta intensa violencia es la frustración ciudadana y los graves problemas de gobernanza que han superado a los gobiernos de la región.
Los datos centroamericanos superan con diferencia los mexicanos, donde la violencia del crimen organizado es objeto de atención por toda la Prensa internacional. Según el estudio citado, la tasa de asesinatos en México por cada 100.000 habitantes entre 2003 y 2008 fue de 12 por ciento, inferior a la registrada en Honduras (61 por ciento), El Salvador (52 por ciento) y Guatemala (49 por ciento).
Es esta situación la que explica la búsqueda de soluciones inmediatas que supuestamente pretenden resolver la represión y la militarización de la seguridad ciudadana. Al igual que El Salvador, hace unos meses, en Guatemala se ha implantado un plan conjunto de Ejército y Policía. Según los primeros datos de este plan la percepción de inseguridad es distinta a la de hace un mes. Según fuentes gubernamentales, el año pasado las estadísticas oficiales hablaban de 18 delitos diarios, mientras que ahora son 16 y hasta 12 por semana, lo cual implica una estabilidad de la violencia social y empieza a torcer la curva hacia abajo.
En El Salvador además del plan de seguridad aprobado se pretende aprobar además una ley que considere ilegales a las pandillas. Después de haber sido presentado al Congreso, el presidente Funes está pidiendo la mayor celeridad en abreviar las discusiones y las correcciones en torno al proyecto presentado, para lograr finalmente la aprobación de dicha dicha ley. Para su examen se han presentado miembros de la Corte Suprema de Justicia y fiscales. Sin embargo, en esas discusiones no han abierto un debate en profundidad acerca de las garantías y de los derechos que pueda vulnerar la ley. Una cuestión que no deja de ser sumamente preocupante, lo que no significa no haya otras posturas en la sociedad salvadoreña, diferentes ONGs e iglesias evangélicas sí muestran preocupación por esta cuestión.
Como el mismo representante del gobierno guatemalteco ha reconocido, pese a los positivos resultados iniciales del plan de seguridad implantado, aunque está por ver la evolución de éstos, no es suficiente un planteamiento meramente represivo, como el que se esta aplicando por las autoridades centroamericanas. Es preciso acompañar estos programas de reformas en la Justicia, en el sistema penitenciario y de prevención y desde luego en programas de desarrollo que acaben con la inequidad. De no tomar conciencia plena de este planteamiento el crimen organizado no sólo persistirá sino que irá en aumento en toda la región.
*Sonia Alda es Doctora en Historia por la UAM y profesora en el IUGM
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