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| lunes, 23 de agosto de 2010 |
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Es indudable que el movimiento indígena en América Latina ha ido adquiriendo progresivamente un papel muy destacado en la superficie política de nuestras democracias, llegando al caso notable de la reforma del sistema político establecido históricamente en Bolivia, con la conducción de un ex líder indígena cocalero.
Si bien la presencia de pueblos originarios en Perú no tiene la dimensión de sus países vecinos de Bolivia y Ecuador, existen regiones en que su población es determinante, como son los casos de la sierra y la zona amazónica, además de ser comunidades que trascienden las actuales fronteras político-administrativas ya que mantienen fuertes lazos étnicos con sus pares tanto en Bolivia, Ecuador como en Brasil.
Esta es una de las variables más complejas en la comprensión estatal contemporánea de su realidad, puesto que se oponen visiones de identidad muy distinta, mientras en una prima la cultural en la otra hegemoniza la burocrático-fronteriza. De aquí surgió uno de los mayores desencuentros con los espacios gubernamentales, cuando el año pasado se vociferaron llamados a la unidad indígena del mundo andino y amazónico para enfrentar en forma conjunta sus reivindicaciones, lo que despertó voces de un desubicado nacionalismo y acusaciones de intervención de otros países en asuntos internos.
En este marco de mayor protagonismo de los movimientos indígenas, la semana pasada fue dado a conocer por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) la voluntad de participar en la próxima contienda electoral presidencial de Perú en el año 2011 con un candidato propio, en este caso su líder máximo Alberto Pizango, quien se encuentra con una demanda judicial del Estado por los serios incidentes en la zona de Bagua el año pasado, que dejó un saldo de más de 30 personas muertas, entre ellas 25 policías y 7 indígenas. Para tal efecto iniciaron la recolección de firmas necesarias para legalizar un partido político, el denominado Alternativa para la Humanidad (APHU), que es un juego de palabra con la denominación étnica de su organización básica comunitaria llamada APU.
Si bien la posibilidad de culminar con éxito su pretensión presidencial es nula, pudiera ser que alcanzase cierta representación parlamentaria en la medida del peso de su votación concentrada, que se remite a la zona amazónica. Una cosa distinta podría ocurrir en el ámbito de su injerencia pública en determinados temas de desarrollo, que es hacia donde apuntan sus miradas principales. En la presentación de sus objetivos políticos plantearon que ".proponemos un desarrollo constructivo, alternativo que no maltrate al planeta que es nuestro único hogar", en contraposición a un desarrollo destructivo de la naturaleza caracterizado por industrias extractivas, tala de madera, deforestación, ríos contaminados, ciudades inhabitables, etc..
La complejidad de la ocupación espacial y la visión de mundo indígena, requerirán miradas mucho más comprehensivas por parte de los Estados, sobre todo de los vecinos, puesto que de lo contrario se pueden generar roces interestatales, como ya han ocurrido en la voluptuosa y porosa frontera amazónica. Debemos recordar que los gobiernos de Perú y Brasil tienen un ambicioso plan energético en esa parte de la frontera común. De aquí surge la necesidad de que esta realidad ya esté prontamente en la agenda multilateral y particularmente de sus organizaciones pertinentes como UNASUR.
Hacia el interior del estado peruano se abrirá un fuerte debate sobre el carácter del proyecto de crecimiento y desarrollo nacional, donde el mundo indígena plantea con mucha fuerza tres aspectos esenciales: paz y soberanía con derecho a la territorialidad; educación y salud para todos los peruanos; y buen vivir de los pueblos que es una armonía entre la población y la naturaleza.
El ambiente adecuado para este debate será una condición básica del estado democrático, más aún cuando Perú es firmante del Acuerdo 169 de la OIT que garantiza a los pueblos indígenas tener un rol activo en la formulación de políticas públicas, y en la titularidad de sus tierras. Lejos de la solución estará la "securitización" de sus demandas, y por lo tanto una visión policíaca del tratamiento de sus organizaciones y movilizaciones.
Las reivindicaciones indígenas NO son un tema de "seguridad nacional", y sus desbordes disciplinarios siempre han sido condicionados por la tozudez, arrogancia y falta de sensibilidad de la burocracia política.
Las reivindicaciones indígenas SI son un tema de "desarrollo nacional", donde se requiere una gran concurrencia e integración al debate de todos los sectores que son objeto y sujeto de políticas desde el Estado.
Si bien la presencia de pueblos originarios en Perú no tiene la dimensión de sus países vecinos de Bolivia y Ecuador, existen regiones en que su población es determinante, como son los casos de la sierra y la zona amazónica, además de ser comunidades que trascienden las actuales fronteras político-administrativas ya que mantienen fuertes lazos étnicos con sus pares tanto en Bolivia, Ecuador como en Brasil.
Esta es una de las variables más complejas en la comprensión estatal contemporánea de su realidad, puesto que se oponen visiones de identidad muy distinta, mientras en una prima la cultural en la otra hegemoniza la burocrático-fronteriza. De aquí surgió uno de los mayores desencuentros con los espacios gubernamentales, cuando el año pasado se vociferaron llamados a la unidad indígena del mundo andino y amazónico para enfrentar en forma conjunta sus reivindicaciones, lo que despertó voces de un desubicado nacionalismo y acusaciones de intervención de otros países en asuntos internos.
En este marco de mayor protagonismo de los movimientos indígenas, la semana pasada fue dado a conocer por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) la voluntad de participar en la próxima contienda electoral presidencial de Perú en el año 2011 con un candidato propio, en este caso su líder máximo Alberto Pizango, quien se encuentra con una demanda judicial del Estado por los serios incidentes en la zona de Bagua el año pasado, que dejó un saldo de más de 30 personas muertas, entre ellas 25 policías y 7 indígenas. Para tal efecto iniciaron la recolección de firmas necesarias para legalizar un partido político, el denominado Alternativa para la Humanidad (APHU), que es un juego de palabra con la denominación étnica de su organización básica comunitaria llamada APU.
Si bien la posibilidad de culminar con éxito su pretensión presidencial es nula, pudiera ser que alcanzase cierta representación parlamentaria en la medida del peso de su votación concentrada, que se remite a la zona amazónica. Una cosa distinta podría ocurrir en el ámbito de su injerencia pública en determinados temas de desarrollo, que es hacia donde apuntan sus miradas principales. En la presentación de sus objetivos políticos plantearon que ".proponemos un desarrollo constructivo, alternativo que no maltrate al planeta que es nuestro único hogar", en contraposición a un desarrollo destructivo de la naturaleza caracterizado por industrias extractivas, tala de madera, deforestación, ríos contaminados, ciudades inhabitables, etc..
La complejidad de la ocupación espacial y la visión de mundo indígena, requerirán miradas mucho más comprehensivas por parte de los Estados, sobre todo de los vecinos, puesto que de lo contrario se pueden generar roces interestatales, como ya han ocurrido en la voluptuosa y porosa frontera amazónica. Debemos recordar que los gobiernos de Perú y Brasil tienen un ambicioso plan energético en esa parte de la frontera común. De aquí surge la necesidad de que esta realidad ya esté prontamente en la agenda multilateral y particularmente de sus organizaciones pertinentes como UNASUR.
Hacia el interior del estado peruano se abrirá un fuerte debate sobre el carácter del proyecto de crecimiento y desarrollo nacional, donde el mundo indígena plantea con mucha fuerza tres aspectos esenciales: paz y soberanía con derecho a la territorialidad; educación y salud para todos los peruanos; y buen vivir de los pueblos que es una armonía entre la población y la naturaleza.
El ambiente adecuado para este debate será una condición básica del estado democrático, más aún cuando Perú es firmante del Acuerdo 169 de la OIT que garantiza a los pueblos indígenas tener un rol activo en la formulación de políticas públicas, y en la titularidad de sus tierras. Lejos de la solución estará la "securitización" de sus demandas, y por lo tanto una visión policíaca del tratamiento de sus organizaciones y movilizaciones.
Las reivindicaciones indígenas NO son un tema de "seguridad nacional", y sus desbordes disciplinarios siempre han sido condicionados por la tozudez, arrogancia y falta de sensibilidad de la burocracia política.
Las reivindicaciones indígenas SI son un tema de "desarrollo nacional", donde se requiere una gran concurrencia e integración al debate de todos los sectores que son objeto y sujeto de políticas desde el Estado.
*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.
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