El Constitucional colombiano exige que el acuerdo militar con EEUU pase por el Congreso

La Corte Constitucional de Colombia devolvió hoy a la Presidencia el acuerdo que firmaron los Gobiernos de Washington y Bogotá en el 2009, que prevé el uso de 7 bases por soldados estadounidenses en el país suramericano, al determinar que debe pasar el trámite parlamentario para que sea constitucional.

En una decisión anunciada por el presidente del alto tribunal, Mauricio González, en una rueda de prensa, se determinó que dicho tratado debe ser devuelto al Ejecutivo, para que el ahora jefe del Estado, Juan Manuel Santos, pida al Congreso que lo adopte por ley. "La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano", explicó González.

Agregó que dicho acuerdo, firmado el 30 de octubre del 2009 en Bogotá, también supone la extensión de obligaciones adquiridas con anterioridad por Colombia. Por todo ello "debió ser tramitado como tratado internacional, esto es, sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional", puntualizó el magistrado.

González advirtió de que este acuerdo bilateral "no puede surtir efectos en el ordenamiento interno" hasta tanto no sea puesto en consideración y sea aprobado por el Senado en pleno. La mayoría de los integrantes de la Corte Constitucional acogió así un estudio previo presentado por el magistrado Jorge Iván Palacios, quien concluyó que este instrumento de cooperación militar contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia debía ser aprobado de manera previa por la Cámara Alta.

El llamado "Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América" permite que tropas y contratistas estadounidenses tengan acceso a por lo menos siete bases de este país andino.

La instalación principal es la base aérea de Palanquero, considerada estratégica por su ubicación en el centro de Colombia y para cuya ampliación Washington asignó en agosto del año pasado un total de 46 millones de dólares.

Este tratado fue defendido por el Gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe como complementario de uno en vigor desde 1974, lo que fue rechazado por la Corte Constitucional, que consideró que se trata de un instrumento nuevo e integral. Uribe lo firmó y estuvo dispuesto a ponerlo en marcha sin previo trámite parlamentario.