La crisis en Costa Rica

El pasado 2 de julio, la Asamblea Legislativa de Costa Rica autorizó la llegada de unos 7.000 soldados, 46 buques de guerra estadounidenses, 200 helicópteros y algunos aviones de combate modernos a las costas costarricenses entre el 1.° de julio y el 31 de diciembre de este año. La razón de esta presencia se halla en la realización de operaciones antinarcóticos y en su actuación en misiones humanitarias.

La oposición está en contra, pero para el gobierno, es sólo la renovación de un acuerdo de patrullaje conjunto entre Costa Rica y los Estados Unidos, firmado hace una década, en el marco de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. Así, desde hace diez años, los guardacostas de los Estados Unidos realizan operaciones en el país en coordinación con las autoridades policiales costarricenses. De hecho, el año pasado también se autorizó la llegada de militares estadounidenses aunque en menor cantidad.

En el frente interno, a lo largo de esta primera quincena de julio, el debate no solo ha estado en la Asamblea sino que se ha extendido a los medios y a la opinión pública. Para muchos costarricenses, el tema de la seguridad y el narcotráfico es prioritario. En concreto, fue por haber asumido estas banderas por lo que la presidente, Laura Chinchilla, salió tan fortalecida en las pasadas elecciones. Sin embargo, resulta sorprendente que en Costa Rica, uno de los países más estables de la región, sin Fuerzas Armadas desde 1948, ejemplo de una democracia consolidada, con una sociedad madura, y de una gran afinidad con los EEUU, aparezcan estas manifestaciones de recelo ante los norteamericanos.

Pero el problema es de más calado. De nuevo está en cuestión la presencia de los Estados Unidos en América Latina. Han vuelto a salir los demonios de los acuerdos entre Colombia, un aliado natural de Costa Rica, y los Estados Unidos, del verano pasado, sobre el uso de bases colombianas por militares estadounidense. Vuelve a hablarse del excesivo protagonismo de los Estados Unidos en Iberoamérica.

Es cierto que el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador es el más afectado por el tráfico de drogas en la región, con tasas de homicidios cercanas o algo superiores al 50 por ciento por cada 100.000 habitantes -de las más altas del mundo-, y una alarmante penetración del narcotráfico en las estructuras e instituciones de los estados, pero también es verdad que si en el Triángulo Sur de Centroamérica -Nicaragua, Costa Rica y Panamá- hay mucha menos violencia, ha sido, en gran parte, debido a la ayuda de los EEUU.
Los países más importantes del ALBA están tomando posiciones contrarias a este acuerdo de cooperación entre Costa Rica y los Estados Unidos, con dos objetivos principales. Por un lado, influir sobre la opinión pública costarricense con el propósito de desestabilizar el país, con una presidente, con poco tiempo en el cargo, y por otro, continuar con la doctrina de fuerte oposición a las actividades de los EEUU en la región. De alguna forma, quieren compensar la frustración de no haber triunfado en Honduras.

Aunque en estos momentos las autoridades estadounidenses y costarricenses están buscando la manera de presentar este acuerdo lo más transparentemente posible, queda pendiente la posición de otros importantes actores latinoamericanos, especialmente Brasil, México, Chile y Colombia, sin olvidarnos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) o de la OEA. Con mucha probabilidad, este caso será conducido con mucha más cintura que los asuntos de las bases colombianas o el golpe hondureño del año pasado.

Se puede afirmar que en esta crítica situación aparecen dos importantes retos a que hacer frente para anular repercusiones no deseadas. El primero, evitar que el debate interno en Costa Rica pueda crear enfrentamientos dentro de su sociedad. El segundo, impedir una posible influencia regional que provoque una situación inestable.

Si falla alguno de los dos, aparecerán tensiones que afectarán a la unión centroamericana y retrasarán, de nuevo, el tan ansiado proceso de integración liberoamericano, al mismo tiempo que la nueva actitud de la Administración de Obama volverá a estar en cuestión en la región y, especialmente con uno de sus mejores aliados.