Renovación o continuismo: La OEA en la encrucijada

En medio de una fuerte borrasca, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, parece haber rubricado ya su testamento institucional, nada envidiable por cierto. Su legado a la sexagenaria organización continental puede resumirse en pocas palabras, pero el daño y sus efectos son considerables: una cuestionada y controversial gestión que deja a la OEA sumida en una doble crisis: de credibilidad política -por su "intervención selectiva en defensa de la democracia"- y de iliquidez financiera -un déficit de 9.6 millones de doláres proyectado para el 2011, circunstancia que un funcionario de la organización socarronamente caracterizó como un "cliffhanger", es decir, un capítulo de un serial melodramático cuyo final nadie puede predecir.

El pasado 26 de enero, el senador republicano Richard G. Lugar, envió a sus colegas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos el informe titulado: "Multilaterialism in the Americas: Let's Start by Fixing the OAS". El reporte examina "los retos financieros y políticos convergentes que actualmente enfrenta la OEA [.] que reflejan las mayores preocupaciones, tanto para el futuro de la organización como para los intereses de los Estados Unidos".

La forma diferenciada en que la OEA administró la crisis política de Honduras y los abusos autoritarios del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, subyace en el fondo de los argumentos que ponen en entredicho la credibilidad de la OEA y el compromiso de su Secretario General con la democracia. El 24 de julio de 2009, un mes después de la destitución del presidente Manuel Zelaya, "The Washington Post" editorializó sobre la conducta dual de José Miguel Insulza, quien con inusitada energía y presteza condenó lo que calificó como golpe de Estado en Honduras, pero que un sólido informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos demostró que fue una sucesión constitucional. Justo en medio del aquelarre continental creado por Insulza, éste se negó a intervenir en defensa de los derechos constitucionales y democráticos del alcalde de Caracas y los gobernadores de los estados venezolanos de Zulia y Táchira, arbitrariamente conculcados por el presidente Chávez.

Insulza justificó su lenidad asegurando que no podría decir si eso era bueno o malo, que no se podía inmiscuir en asuntos internos de los países miembros de la OEA, y que su autoridad se limitaba a tratar de tender puentes entre las partes. Pero en Honduras, el Secretario General hizo astillas el maderamen que estaba supuesto a colocar entre el destituido mandatario y el Presidente interino; condenó a éste sin escucharle, victimizó a aquél hasta convertirlo casi en paladín de la democracia y bregó con ímpetu y malas artes para suspender a Honduras de la OEA. En el caso de Venezuela, ni siquiera hizo intento de buscar la madera de un puente que nunca pensó tender.

Paradójicamente, mientras Chávez reclamaba con su típica estridencia la restitución de la democracia en Honduras, la pisoteaba en su propio país e Insulza guardó un preocupante silencio rayano en la complicidad.

Se aseguró en aquel momento que el Secretario General buscaba agradar a Chávez para lograr la gracia de los países de la ALBA en su nada oculta pretensión continuista al frente de la OEA. En ese momento no negó la especie, pero ahora, luego del informe del senador Lugar y de un nuevo editorial de "The Washington Post", Insulza reacciona con arrogancia y fingida indiferencia. Asegura que se trata de una campaña orquestada meses atrás por quienes estuvieron detrás del golpe de Estado en Honduras, pero que eso no le llama la atención ni le quita el sueño.

En su primer editorial, el "Post" señalaba con mucho tino las debilidades y vacíos de la Carta Democrática Interamericana, que protege a los gobiernos electos contra arremetidas antidemocráticas, pero deja indefensa a la ciudadanía frente a las arbitrariedades de sus autoridades cuando sin rubor alguno violan el orden constitucional, como Manuel Zelaya en Honduras. Venezuela y Nicaragua, tercia ahora el Informe Lugar, son evidencias incontrastables. En el primero se persigue sistemáticamente a los medios de comunicación que no se han sometido a los dictados de Chávez; y en el segundo, se realizan elecciones fraudulentas.

Con esos dos ejemplos a mano, el Informe Lugar advierte que "El mayor peligro para la democracia [en América Latina y el Caribe] son las autoridades electas que abusan de sus poderes constitucionales". En la misma línea de ideas, el editorial del "Post" del pasado 10 de febrero es categórico al precisar que con Honduras la organización fue agresiva, aunque torpe, pero que "En el caso de países en los que la democracia ha sido sistemáticamente desmantelada por una nueva generación de líderes autoritarios, incluyendo Venezuela y Nicaragua, la OEA ha fracasado del todo al no actuar". Es esto lo que el Informe califica como "intervención selectiva en defensa de la democracia".

No sin cierta sorna, el prestigioso diario estadounidense señalaba además que Insulza al menos había contribuido a que esas flaquezas quedaran al desnudo, y que el presidente Barak Obama tenía la oportunidad de cambiar las reglas para frenar los ataques contra la democracia, vengan de donde vengan. Ahora, en su nuevo editorial, el "Post" le llama a presionar por cambios en la OEA. En una clara alusión a Insulza, concluye remarcando que "Los Estados Unidos deben dejar claro que no apoyarán a ningún Secretario General cuya plataforma sobre temas de la democracia sea inadecuada", y llama al Congreso a considerar si deberían continuar adjudicando cuantiosos fondos a la OEA, cuando ésta no es capaz siquiera de sostener los principios de su carta constitutiva. Con 47 millones de doláres, Washington financió el 60 por ciento del presupuesto de la OEA en 2009. Estados Unidos, sentencia el diario, "debe tener como principal interés reemplazar (a Insulza) con alguien que sí defenderá la democracia".

Pero a pesar de su nada edificante prontuario, Insulza no parece poner atención a esto, y asegura que ya cuenta con los votos necesarios para su reelección. Seguramente calcula que a la cabeza de éstos deben estar los de los países de la ALBA, que de alguna manera deben pagarle los favores que le ha hecho al presidente Chávez y a quienes le acompañaron en el coro que clamaba por la democracia hondureña el depuesto presidente Zelaya trató desmantelar, pero que callaron frente a sus desmanes antidemocráticos en la propia Venezuela.

Puede que la suma aritmética que Insulza hace sea correcta, pero no debe olvidar que ya antes fue blanco de los ataques del presidente Chávez, quien en uno de sus típicos arrebatos llegó incluso a demandar la desaparición de la OEA, y que el abanderado del socialismo del siglo XXI no tiene amigos sino intereses, y que, como bien reza el viejo refrán: "Mal paga el diablo a quien bien le sirve".

Mientras no aparezca otro candidato, confiable y verdaderamente comprometido con la democracia, Insulza podría ser reelecto el 24 de marzo, pero de seguro que será una difícil carrera de obstáculos. Varios gobiernos iberoamericanos estarían dispuestos a seguir la señal de Washington, que hasta el momento ha guardado un prudente silencio. Pero el presidente Obama debe decidirse de una vez por todas a ejecutar una política exterior hacia América Latina y el Caribe en la que la defensa y preservación de la democracia sea -como hebra de acero- su eje articulador. Igualmente está obligado, y con él todos los gobiernos auténticamente democráticos, a reformar la Carta Democrática Interamericana para adecuarla a las realidades de una región que está viviendo el resurgir de regímenes autoritarios tan o más peligrosos que los del pasado reciente.

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