Honduras: final deslucido de una crisis mal administrada

La espantosa tragedia provocada por el violento seísmo que destruyó Haití ha soterrado las noticias sobre el drama político de Honduras, que vive sus episodios finales con una dignidad más que lastimosa, y sin la estridente retórica de quienes clamaban por la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya como única condición para restaurar la democracia en ese país. Algunos de éstos han enfilado ahora sus baterías contra la presencia militar estadounidense en Haití.

El Congreso hondureño declaró diputado vitalicio al presidente interino Roberto Micheletti, a la vez que le rindió honores condecorándole con la máxima presea legislativa. Pero la gracia otorgada queda decolorada por la intención política subyacente: concederle inmunidad vitalicia, o lo que es igual, impunidad vitalicia.

Si Micheletti, como él mismo ha reiterado en numerosas ocasiones, salvaguardó el orden constitucional de su país -que el depuesto presidente Manuel Zelaya trataba de violentar- y defendió la democracia hondureña ante la agresividad del expansionismo chavista, no habría cometido delito alguno y no necesitaba protegerse de cualquier proceso penal que la justicia de su país pudiese levantar en su contra. La graciosa distinción que el Congreso le ha conferido y el hecho de que él la haya aceptado sin rubor, abre un mar de dudas acerca de la legalidad y legitimidad de sus actos. Además, el manto con que han pretendido protegerle no le permitirá eludir un eventual proceso que la Corte Penal Internacional pudiese incoarle.

En otro acto melodramático, a solicitud del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia ha abierto causa judicial a los seis integrantes de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras -jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto, Inspector General y los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval- a los que se acusa de abuso de autoridad y expatriación. La Corte les impuso leves medidas cautelares que les permitirán enfrentar el proceso en libertad.

Pocos días después de la captura y extrañamiento del presidente Zelaya, Herberth Bayardo Inestroza, asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, públicamente admitió lo que era evidente: que los jefes militares hondureños habían delinquido. Y si las autoridades judiciales hubiesen siquiera recordado el viejo aforismo jurídico que reza: "A confesión de parte, relevo de pruebas", inmediatamente debieron haber abierto el obligado proceso penal.

Más aún, después de las declaraciones de Inestroza, el Directorate of Legal Research for Foreign, Comparative, and International Law, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, hizo público su "Informe al Congreso. Honduras: Temas de Derecho Constitucional", preparado por Norma C. Gutiérrez, su especialista principal en Derecho Internacional. A pesar de su valía analítica y la contundencia de sus argumentos, el Informe no provocó mayor impacto en la filas de quienes denunciaban y condenaban el "golpe de Estado militar", y tampoco logró cambiar el errático rumbo de la política exterior de Washington hacia el pequeño y convulso país centroamericano, uno de los cuatro más pobres de América Latina y el Caribe.

Resulta inconcebible que el Ministerio Público haya esperado casi seis meses para acusar a los jefes militares, y que la Corte Suprema de Justicia no haya actuado de oficio, más cuando el propio Micheletti reconoció que expatriar a Zelaya había sido "un error", un error de gigantescas proporciones políticas que los uniformados no lograron prever, y aseguró que los responsables serían sometidos a la justicia.

Sustentado en un minucioso examen del sistema constitucional y el ordenamiento jurídico hondureños, el Informe presenta dos hallazgos más que relevantes. El primero, que la remoción y sustitución de Zelaya se realizó de conformidad con el procedimiento previsto por la Constitución y que, en consecuencia, no hubo golpe de Estado y menos golpe de Estado militar. El segundo, que al expatriar al depuesto presidente Zelaya, los militares violaron el artículo 102 de la Constitución Política de su país. A pesar de lo categórico del Informe, la secretaria de Estado Hillary Clinton lo desdeñó y prefirió continuar enredada en las redes tendidas por José Miguel Inzulza, secretario general de la OEA, y el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, y se mantuvo unida al coro que demandaba la restitución de Zelaya para regresar a Honduras a la senda de la democracia.

Es evidente que los militares abusaron de la autoridad que la Corte Suprema de Justicia les había delegado -orden de arresto y allanamiento- y que transgredieron el precepto constitucional que taxativamente dispone que "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero". Mucho antes de la denuncia del Ministerio Público, un grupo de abogados privados había hecho una petición similar, pero inexplicablemente la denuncia no prosperó en el máximo tribunal de justicia.

El asesor jurídico de las Fuerzas Armadas reconoció que los jefes militares sabían que al extraditar a un ciudadano hondureño, independientemente de su investidura, violaban la Constitución, pero consideraron que el delito cometido evitaría un hipotético baño de sangre que se habría provocado si le dejaban en el país entregándole al Juez Ejecutor que acompañaba a los uniformados que allanaron la residencia de Zelaya y le capturaron. Así que decidieron, presumiblemente sin el consentimiento de las autoridades civiles, enviarle a Costa Rica.

De la lógica jurídica del coronel Inestroza, resulta más que claro que los jefes militares estaban convencidos, y por supuesto que aún lo están, que el riesgo de una fuerte sanción penal -destitución de sus cargos, inhabilitación para ejercer puestos públicos por al menos diez años, y cárcel- era mínimo porque al alegar en su defensa que actuaron en un "estado de necesidad", evitando así un mal mayor al país, serían eximidos amparados en el Artículo 24 del Código Penal que establece las causas de justificación a quien delinque.

El escenario es patético: Micheletti, recién declarado por los industriales hondureños "primer héroe nacional del siglo XXI", goza ya de inmunidad perpetua; los integrantes de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas confiados que serán declarados no culpables; y el Congreso, que aprobó recién la salida de Honduras de la ALBA, no fue capaz de alcanzar consenso sobre una propuesta de amnistía para todos los implicados en los sucesos del 28 de junio de 2009, y cómodamente dejó al próximo Legislativo la tarea de dictar perdón y olvido a éstos. Así, el juicio a los jefes militares apenas alcanzará a ser una mera formalidad procesal cuyos resultados parecen estar labrados en la misma piedra de los "artículos pétreos" de la Constitución Política de Honduras.

Sin duda, una forma lamentable y poco o nada decorosa de cerrar un capítulo innecesariamente postergado de una crisis política torpemente administrada, a la que ahora -después de las elecciones generales de noviembre 2009 y ante la realidad de un hecho consumado- se le buscan acomodos pragmáticos que José Miguel Insulza, Washington, la OEA y la comunidad internacional, no fueron capaces o no quisieron encontrar cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo y dejaron que Honduras se sumiera en el caos.

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