El caso Rosenberg y el desprestigio de las instituciones estatales en Guatemala

Declaraciones de Rodrigo Rosenberg días antes de ser asesinado/ ©youtube.com

En estos días, el jurista español Carlos Castresana, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha exonerado de cualquier responsabilidad al presidente del país, Álvaro Colom, en el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg. Una noticia que no deja de ser positiva. Sin embargo, aunque el final haya sido feliz, ya que se ha podido probar que la persona responsable del destino de la República no es un "mafioso", en todo este proceso se ha puesto nuevamente de manifiesto los graves problemas institucionales del país.

"Si usted está viendo este mensaje es que yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sandra de Colom". De esta manera comenzaba el vídeo en el que Rosenberg, anticipaba su muerte. El vídeo fue difundido después de ser acribillado el 10 de mayo de 2009.

Los hechos motivaron la movilización de la ciudadanía a favor y en contra de Álvaro Colom así como una grave crisis institucional, que situaban no sólo al Presidente de la República en un futuro incierto, sino al Estado al borde del colapso. Sin embargo y pese a todas las sospechas, el juez Castresana ha asegurado que fue el propio abogado quien ordenó su muerte. "El que dio la instrucciones (de su asesinato) fue el mismo Rosenberg", con la intención de "abrir la caja de los truenos", y "producir un cambio, casi un terremoto en Guatemala", país que sufre una "impunidad endémica", detalló Castresana.

Pese a que toda la historia podría ser el argumento de una película de ficción, en realidad el desprestigio del Estado guatemalteco la hacen creíbles. No tanto que en particular Álvaro Colom pudiera ser un asesino, sino que el presidente de la República pudiera estar implicado en un asesinato y en una red de extorsión. Una posibilidad verosímil, para buena parte de la ciudadanía, si se tiene en cuenta los niveles de corrupción y de impunidad presentes en las instancias estatales, tanto políticas como judiciales. De hecho la resolución judicial se ha recibido con gran escepticismo. Este descrédito también explica que la resolución de la crisis se haya confiado a la CICIG, una comisión designada por la ONU para apoyar a Guatemala en la lucha contra el crimen organizado, pues es la única institución que tiene credibilidad en el país.

La inocencia del presidente podrá contribuir a fortalecer su situación política, pero no parece que vaya a modificar esta situación. La solución se encuentra en el fortalecimiento del Estado una tarea ardua, compleja, larga y muy costosa, que además contaría con muchas resistencias, empezando por los propios corruptos instalados en la práctica totalidad de las instancias estatales.

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