Arrebato populista en la designación del Jefe militar de Nicaragua

Desde la formalidad de la ley, la sucesión del mando militar en Nicaragua es un proceso relativamente simple, pero en este pequeño país centroamericano -uno de los cuatro más pobres de América Latina y el Caribe- lo sencillo se torna espinoso, porque se politiza, más aún si de por medio está el presidente Daniel Ortega, a la vez secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y constitucionalmente Jefe Supremo del Ejército.

En octubre pasado, antes de iniciarse el proceso establecido por la ley, se filtró que el presidente Ortega ya tenía su propio candidato. La ley, sin embargo, no le faculta para nombrarlo a su arbitrio. Establece que cada cinco años, el Consejo Militar, máximo órgano de consulta del Ejército, presenta su propuesta al Presidente de la República. Éste tiene un mes para aprobarla o rechazarla, y el 21 de diciembre debe hacer el anuncio oficial. Dos meses más tarde, el nuevo Comandante en Jefe recibe el simbólico bastón de mando.

Según la información filtrada, el presidente Ortega deseaba que el nuevo Comandante en Jefe fuese el Inspector General del Ejército, tercero en la Cadena de Mando, por la supuesta afinidad política con el segundo en la línea de sucesión. Pero ante la posición del Ejército y contrario a lo que se esperaba, aceptó la propuesta del Consejo Militar, acatando la ley no escrita sobre el relevo del mando militar, aplicada a partir de 1994: el sucesor del Comandante en Jefe saliente es el Jefe del Estado Mayo General, segundo en la Cadena de Mando y primero en la línea de sucesión, y el Presidente de la República nunca rechaza la propuesta del Consejo Militar.

Ese principio de derecho consuetudinario es uno de los componentes básicos de la línea estratégica de continuidad institucional trazada por el liderazgo militar desde 1990 para asegurar la existencia, desarrollo y consolidación del Ejército. Fue así que el entonces Ejército Popular Sandinista sobrevivió en la vorágine de un escenario altamente polarizado y adverso. Garantizada su existencia, se dio inicio a un proceso gradual de construcción de institucionalidad, proceso que ha llevado al ahora Ejército de Nicaragua a ser la institución del Estado que goza de mayor credibilidad y legitimidad social. La más reciente encuesta de la firma M&R Consultores (diciembre 2009) revela que 87.9% de la población confía en el Ejército y 91.7% reconoce su carácter profesional. Porcentajes que se han mantenido durante los últimos diez años.

Si bien el presidente Ortega respetó la propuesta del Consejo Militar, contaminó de política partidista su decisión. Conforme la norma, el anuncio del nombre del nuevo Comandante en Jefe debe hacerse el 21 de diciembre en un acto oficial y solemne. Pero un mes antes y al calor en un acto partidario en el que celebraba el primer aniversario de las victorias de su partido en los comicios municipales de noviembre 2009, deslucidas por las nunca aclarada denuncias de fraude electoral, el Jefe Supremo del Ejército, actuando más bien como Secretario General del FSLN, preguntó a sus partidarios si estaban de acuerdo con designar al Jefe del Estado Mayor General como nuevo Comandante en Jefe del Ejército.

Quien "lo nombra -dijo- no es Daniel Ortega sino ustedes, el pueblo presidente, que se encuentra en esta plaza, que pone y quita reyes", no sin antes leer el prontuario de guerrillero revolucionario del Mayor General (general de división) Julio César Avilés Castillo en la década de los años 70 del siglo pasado, para presentarlo como un militante sandinista y dejando de un lado su lustroso expediente de militar profesional. En medio del griterío de sus seguidores, firmó el Acuerdo Presidencial 301-2009 para formalizar la voluntad del "pueblo presidente".

Así, un acto de Estado, que 1995 se había caracterizado por su solemnidad, fue convertido en una mascarada partidaria que pisoteó las normas, el protocolo y el mismo ethos militar, manoseando a una entidad que cuida con celo su institucionalidad, respeta la Constitución y las leyes, y goza de la confianza de los ciudadanos nicaragüenses.

Una semana después, el designado Comandante en Jefe del Ejército se distanció del arrebato populista del presidente Ortega. Al trazar la ruta de la institución militar durante los cinco años de su comandancia, aseguró: "En el Ejército las cosas continúan. Cada jefe del Ejército ha tratado de darle mayor fortaleza a la institución y [.] en esa línea nosotros iremos. Continuamos por la vía que está trazada para esta institución", enfatizó.

La sobria declaración del mayor general Avilés Castillo, quien antes de tomar posesión de su cargo será ascendido a General de Ejército, revela su voluntad de mantener la línea estratégica de continuidad institucional marcada desde el inicio de la transición nicaragüense del autoritarismo a la democracia, un poderoso aliciente para confiar en que preservará el carácter nacional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante del Ejército de Nicaragua. Quizás el más grande reto que deba enfrentar su próximo Comandante en Jefe en un escenario complejo y la latente amenaza de hacerlo regresar a los años de la confusión Estado- Ejército-partido que caracterizó al primer gobierno del presidente Ortega.

Roberto Cajina es especialista en América Central

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