La situación en Colombia

Este artículo se publicó en el número 4 de Revista Atenea

La espectacular operación de rescate en julio de 2008 de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes de las FARC ha elevado la popularidad del presidente Álvaro Uribe a su máximo nivel, siendo el mayor éxito de la Política de Seguridad Democrática (PSD), uno de los objetivos fundamentales de su gestión presidencial.

El antiguo miembro del Partido Liberal, Álvaro Uribe, inició su primer mandato presidencial al alzarse con el triunfo, como candidato independiente, en las elecciones de mayo de 2002. El mensaje electoral que le llevó al triunfo consistió en presentarse como un "hombre con cuatro obsesiones: la derrota de la politiquería, la derrota de la corrupción, la derrota y la superación de la violencia y el compromiso con la inversión social". Rechazó que se le etiquetara como derechista y autoritario, definiéndose a sí mismo como "un demócrata con sentido de la autoridad y un capitalista con vocación social", ajeno al 'Estado clientelista' imperante en Colombia.

Este mensaje caló profundamente en el electorado llevándole a un triunfo sin precedentes desde la aprobación del vigente texto constitucional en 1991, al alzarse con la victoria en la primera vuelta con el 53,1--% de los votos, muy alejado del segundo candidato, el representante del Partido Liberal, Horacio Serpa que obtuvo el 31,8%.

Al finalizar el mandato constitucional de cuatro años, Uribe logró modificar la Constitución para hacer posible su reelección en un proceso no exento de tensiones y salpicado de escándalos por la presunta compra de votos en el Congreso para lograr articular la mayoría parlamentaria necesaria para lograr la modificación de la Carta Magna. En cualquier caso, el electorado volvió a respaldar a Uribe y así en las elecciones presidenciales de mayo de 2006, se alzó con un triunfo aún más abultado: 62% de los votos frente al 22% alcanzado por el candidato liberal, César Gaviria.

Las claves del éxito

Existe unanimidad entre todos los analistas políticos en considerar que uno de los factores clave del éxito en esta reelección fueron los resultados obtenidos por Uribe en cuanto a la política de seguridad. Las líneas maestras de ésta fueron recogidas en un documento titulado Política de Defensa y Seguridad Democrática, que vio la luz en junio de 2003. Posteriormente, en febrero de 2007, se aprobó un segundo documento titulado Políticas de Consolidación de la Seguridad Democrática: fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad, en el que se daba continuidad al diseño de la PSD establecido cuatro años antes.

El objetivo de la PSD se ha definido como "proteger los derechos de los ciudadanos y los valores e instituciones democráticos, y fomentar la solidaridad y la cooperación civil en la defensa de la democracia". El gobierno sitúa al terrorismo como la principal amenaza contra la paz y la democracia en Colombia, junto con el tráfico de drogas y armas, el secuestro, la extorsión y el homicidio. Al mismo tiempo la seguridad consiste en "la presencia permanente y efectiva de las autoridades democráticas en todo el territorio nacional como resultado de un esfuerzo colectivo de toda la sociedad". Esto incluye el fortalecimiento del sistema judicial, la modernización de las fuerzas de seguridad del Estado y el mejoramiento de la coordinación entre las instituciones estatales civiles y militares en asuntos relacionados con la seguridad. En cuanto al tema de las negociaciones de paz con los grupos armados al margen de la ley no ha ocupado un lugar destacado en la PSD. La posición establecida por el gobierno al inicio del primer mandato del presidente Uribe fue que el cese de hostilidades por parte de los grupos armados debía anteceder cualquier negociación sobre desmovilización.

Los programas de inversión y desarrollo social, considerados por muchos aspectos importantes de la política de seguridad, no se incluyeron en la PSD. El eje principal de los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad ha sido ajustar y mejorar la posición de los militares mediante el mejoramiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas de controlar territorio y mediante la creación de incentivos para que los miembros de los grupos armados se desmovilicen. Se ha aumentado el número de tropas, se han emplazado soldados y policías en regiones de Colombia donde habían estado ausentes desde hace decenios, y se han creado nuevas unidades militares y de policía como las fuerzas especiales de combate de alta montaña y los carabineros, o escuadrones móviles de policía rural. Por otra parte, el gobierno ha impulsado un programa masivo para incorporar a los civiles en el esfuerzo de guerra mediante una red de 'colaboradores' e 'informantes'. También ha realizado una reforma de la actual ley sobre el servicio militar, con miras a que el servicio sea efectivamente universal para todos los ciudadanos varones entre los 18 y 28 años (aunque también se introdujo la opción de un servicio social obligatorio). Los nuevos efectivos, reclutados bajo una modalidad especial de servicio militar, forman parte de un batallón o brigada pero al cabo de tres meses de entrenamiento básico se les envía de vuelta a sus ciudades o pueblos de origen. En un principio se suponía que los nuevos soldados debían servir como guardias municipales durante el día, e irse a sus casas por la noche. Sin embargo, después de que fueron declarados objetivo militar por las FARC y el ELN y tras varios ataques, casi todos están ahora acuartelados en pequeñas bases militares construidas en los pueblos. Sin embargo, como son miembros de las comunidades en donde están emplazados, tanto ellos como sus familias son conocidos y pueden ser fácilmente identificados por los insurgentes.

Colaboradores

Más de 1,5 millones de ciudadanos han sido reclutados en la red de colaboradores e informantes del gobierno. La mayor parte son 'colaboradores', que informan al ejército y a la policía sobre cualquier 'actividad sospechosa' en sus municipios o ciudades o pueblos sin recibir remuneración. Por el contrario, a los informantes se les paga por información que contribuya a capturar a miembros de grupos armados o que evite acciones hostiles. Muchas veces los informantes son ex combatientes o ex miembros de los grupos armados irregulares. Las instituciones estatales civiles, como la Personería [equivalente al Defensor del Pueblo] o el Ministerio del Interior, no participan en el control y la supervisión del programa.

Estas medidas de seguridad fueron complementadas con un 'impuesto de seguridad' que consistió en el pago, en una cuota única, del 1,2% de patrimonios líquidos de más de 50.000 dólares USA. Mediante este impuesto el gobierno recaudó cerca de 800 millones de dólares cuyo destino era la guerra. Además, se han puesto en marcha programas de erradicación de cultivos ilícitos, en su mayor parte mediante fumigaciones aéreas.

La PSD ha obtenido diversos logros. Además de la Operación Jaque, que liberó a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a 14 rehenes, las FARC han sufrido la detención y muerte de varios miembros de su cúpula, entre otros, el fallecimiento de Raúl Reyes en la controvertida operación Fénix y el asesinato de Iván Ríos a manos de un subordinado a quien el gobierno pagó una recompensa. Asimismo se han desmovilizado varios efectivos de las FARC entre los que destaca el caso de la comandante Karina que se entregó en mayo de 2008. En el capítulo de éxitos también hay que destacar el proceso de diálogo y negociación que ha llevado a la desmovilización de las organizaciones paramilitares agrupadas bajo las siglas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

A pesar de los indudables éxitos cosechados por la PSD, los analistas no han dejado de señalar varios puntos débiles. Una de las críticas de los detractores consiste en señalar que la PSD se queda corta a la hora de afrontar todos los aspectos del complejo problema de la violencia y el conflicto colombianos. Además, al involucrar a la población civil en la defensa activa del Estado se estaría exponiendo a los civiles a un mayor grado de vulnerabilidad ante la violencia tanto de los grupos armados ilegales como por parte de los abusos que se han producido por parte de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad.

Asimismo se han presentado denuncias sobre casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad habrían elaborado y/o desactivado falsos atentados terroristas, además de detenido y asesinado a personas inocentes con el objetivo de mostrar resultados positivos en la lucha contrainsurgente. Después de las detenciones masivas de ciudadanos acusados de ser miembros o colaboradores de la guerrilla, se ha denunciado por parte de varias de las comunidades afectadas que sus miembros eran capturados basándose en delaciones que no tenían entidad.

Muchas de las personas capturadas masivamente han sido puestas en libertad posteriormente por falta de pruebas en su contra. Campesinos, indígenas y alcaldes de zonas rurales han sido los principales blancos de estas acusaciones en falso. En octubre de 2007, la ONG CINEP presentó un estudio en el que denunció que las Fuerzas Armadas colombianas y otros organismos de seguridad habrían cometido 'ejecuciones extrajudiciales', torturas, masacres y detenciones arbitrarias y en algunos casos en alianza con grupos paramilitares. Según la ONG, dicha actitud se debe principalmente a la presión del gobierno sobre las fuerzas de seguridad para que éstas presenten un balance positivo que favorezca la política de seguridad de la administración Uribe. En este sentido, el informe gubernamental titulado Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, publicado en marzo, ofrecía unas cifras que han sido duramente cuestionadas por distintos sectores de la sociedad civil colombiana (académicos, analistas o medios de comunicación como el diario El Espectador) al mostrar unos datos que claramente están inflados.

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