La recurrente cuestión kurda

La ilegalización del Partido de la Sociedad Democrática (DTP, en sus siglas en turco) por el Tribunal Constitucional de Turquía, anunciada el 11 de diciembre, ha vuelto a poner sobre la mesa no sólo la cuestión del pulso entre las autoridades de un Estado y una formación política que es percibida como una amenaza para la unidad y seguridad de aquel, sino que para algunos analistas debe de ser añadida a los motivos de crítica contra el candidato a la adhesión a la UE tratándose además como se trata de un partido kurdo el que ha sido ilegalizado.

Tres días después del anuncio del Tribunal Constitucional y en el marco de crecientes disturbios no sólo en el sureste del país sino también en Estambul los 21 diputados del DTP decidían renunciar a sus escaños.

En cualquier caso los ánimos ya se venían caldeando desde tiempo antes y una manifestación celebrada en Diyarbakir el 6 de diciembre para protestar por las condiciones de encarcelamiento del líder del terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Ocalan, era disuelta violentamente por la policía con el resultado de un estudiante muerto. Por otro lado y en términos judiciales el DTP, que era hasta ahora la única formación kurda con representación parlamentaria, ya venía siendo investigado desde 2007 por sus posibles conexiones con el PKK y es destacable que la decisión unánime de los once jueces del alto tribunal se ha tomado haciendo referencia en sus conclusiones al precedente ofrecido por la ilegalización de Batasuna en España. De hecho cabe recordar que en nuestro caso particular también se llegó a hacer referencia en el marco del debate sobre la Ley de Partidos al precedente turco, ilegalizando otras formaciones políticas en decisiones que luego fueron legitimadas por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, retroalimentándose así ambos procesos.

Como ya ocurriera antes con Turquía y luego también con respecto al caso español no han faltado ahora voces que han acudido prestas a criticar la decisión judicial turca, algunas incluso conectando la misma en términos negativos con las negociaciones de adhesión a la UE, pero es más que probable que el tiempo vuelva a dar la razón a Turquía.

El DTP no sólo no realizaba crítica alguna al modus operandi del PKK sino que era en buena medida su portavoz legal, y ello con más dedicación que a la ser defensor de los intereses de 12 millones de kurdos turcos, comunidad con respecto a la que las autoridades de Ankara han comenzado a aprobar medidas de apertura y de reconocimiento.

Aunque es bien cierto que ilegalizar a una formación política siempre es una decisión difícil para los sistemas democráticos, también lo es que estos deben defenderse de quienes pretenden socavarlos, como ha venido haciendo el mundo de Batasuna bajo sus sucesivas denominaciones, como lo han hecho grupos extremistas en Alemania o como pretendiera hacerlo el radicalizado Frente Islámico de Salvación (FIS) en el contexto de la compleja apertura de Argelia a fines de los ochenta. Además no debemos de olvidar que la cuestión kurda - la mayor comunidad sin Estado del mundo - no sólo afecta a Turquía sino también a Irak, Irán y, en menor medida, a Siria, reflejando con ello no sólo importantes complejidades estratégicas sino también a un pueblo dividido tanto por fronteras como también por liderazgos y enfoques diversos, y que no es a través del activismo terrorista como ha venido haciendo el PKK que va a conseguir alcanzar algún día el reconocimiento de sus derechos como comunidad política y cultural.

Ahora que no sólo el DTP ha desaparecido del mapa político turco sino que sus principales dirigentes han quedado inhabilitados durante años para ejercer la política el futuro parece sombrío para la comunidad kurda en Turquía.

Es por ello que las autoridades deberán seguir avanzando en la concesión de espacios públicos a la misma, así como garantizar que la vía judicial se abra para que al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea, como instrumento del Consejo de Europa al que sí pertenece Turquía, el pueda legitimar o no la medida.

Dicho Tribunal es el más exquisito intérprete y protector de los derechos humanos que hay en el mundo y el Consejo de Europa la antesala obligada para todo Estado que quiere ser algún día miembro de la Unión Europea, y es por ello que compete a dicho ámbito el juzgar si el Estado turco ha actuado correctamente y no a quienes aprovechan para lanzar precipitadas acusaciones y sospechas.

Artículos relacionados:

Turquia apuesta por seguir negociando el plan nuclear irani

Israel, Turquía y la pugna de poder en Medio Oriente