Hondureña solución para Honduras

No es el título de este apunte lema de Perogrullo. Tomada de una declaración de Thomas Shannon, subsecretario del Departamento de Estado, diplomático y eficaz mediador en la crisis institucional hondureña, pues resolvió en menos de 24 horas lo que no habían ni siquiera rozado con los dedos, desde el pasado mes de julio, ni las gestiones de una OEA bloqueada por los compromisos militantes de su secretaría general con el chavismo ni, tampoco, el arbitraje de Oscar Arias, presidente de Costa Rica. Fue necesario para el éxito de la mediación de Shannon el establecimiento de dos específicas condiciones: la desactivación de las presiones internacionales a favor de Manuel Zelaya, para que fuera repuesto sin más en la presidencia, y la definición de un marco alternativo a la subsiguiente disyuntiva de que fuera el Parlamento quien decidiera sobre tal particular, o la Corte Suprema de Justicia.

La salida a la crisis ha resultado de la integración de ambas fórmulas  en una propuesta única: que fueran los diputados, el Parlamento, quien decidiera por votación después de haber escuchado el dictamen de los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo segundo, el dictamen del más alto tribunal de Honduras, encaja el problema  conforme criterios jurídicos, a los que en términos no sólo jurídicos también, sino de acuerdo  asimismo con criterios morales, se habrán de atener los diputados cuando voten. Siendo como son los representantes de la voluntad nacional, deben ejercer su legítimo poder conforme lo establecido por las leyes, de las que son supremos intérpretes los componentes de la más alta instancia judicial, es decir, los magistrados de ese Tribunal Supremo.

Aunque en el contexto del formato internacional dentro del que se encajó la crisis, el parecer de los jueces que habrán de escuchar los representantes electos del pueblo hondureño tendrá por si mismo una virtualidad "nacionalizadora" del problema, dado que su formato aparecerá ceñido a la interpretación de las leyes propias de Honduras, mientras que la opinión política de los diputados puede estar condicionada por la presiones políticas e ideológicas de quienes pusieron cerco al Gobierno interino del país, empeñado en ser puente desde la fecha de la remoción de Zelaya, el 28 de junio, hasta las urnas del 29 de este mes de noviembre, de las que habrá de salir el nuevo presidente de Honduras.

Relevante es también el extremo, convenido con la mediación de Shannon, de que el mando del Ejército pase a depender de la Corte Suprema de Justicia en lo que resta de este periodo de interinidad, hasta las elecciones y luego desde éstas hasta el mes de enero en que asuma la presidencia el candidato electo, que no será en ningún caso Zelaya. Significa esta arbitrada dependencia militar de los jueces, que el dictamen no se producirá, podría decirse, desde un limbo o vacío de poder y huérfano de fuerza, sino desde la propia y transitoria administración por la Corte Suprema de la fuerza militar, que fue precisamente la que ejecutó el acuerdo institucional del Poder Judicial y del Poder Legislativo para desalojar a Manuel Zelaya de la presidencia de la República.

En síntesis, la salida de la crisis, sea la que sea, se ha producido al cabo por la vía de nacionalización del desenlace del conflicto, sea el que sea. De eso se trataba; es decir, de rescatar a Honduras, antes y después del 28 de Junio, de las zarpas del populismo.   

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