Dos atentados, los más sangrientos desde hace dos años, perpetrados de forma sincronizada contra el Ministerio de Justicia y el Consejo Provincial, no solo han dejado un gran numero de victimas -del orden de 150 muertos y cerca de 500 heridos-, sino que ponen en duda la capacidad del gobierno de Kamal Al-Maliki para mantener el país razonablemente seguro, a pesar de ser esta creencia la que ha forjado, en gran parte, su popularidad y la base que esgrime para presentarse a un segundo turno en las próximas elecciones de enero. Unas elecciones que podrían retrasarse al no ponerse de acuerdo los partidos políticos sobre la ley electoral que deberá regirlas.
Es verdad que en los últimos tiempos ha disminuido la frecuencia de los atentados, pero también ha aumentado la magnitud y significación política de los mismos. La irrupción de dos vehículos cargados con una tonelada de explosivos tras superar múltiples controles en la calle Haifa, en pleno centro de Bagdad y no lejos de la "zona verde", solo dos meses después de un atentado similar contra los Ministerios de Exteriores y Finanzas, plantean interrogantes sobre la competencia y adecuado adiestramiento de las fuerzas de seguridad y el ejercito iraqui que, si bien han alcanzado los 623.000 hombres - o precisamente por ello-, no son inmunes a la infiltración de elementos insurgentes.
El grupo que ha reivindicado estos ataques, el "Estado Islámico de Iraq" es una organización pantalla que mantiene lazos con "Al Qaeda en Mesopotamia" y aglutina diversos grupos insurgentes. Pero los problemas de seguridad en Iraq tienen su origen en un conglomerado en el que se mezclan a la insurgencia luchas por el poder político, rivalidad étnica y facciones locales en competencia por controlar áreas vitales.
La provincia de Kirkuk, con sus ricos yacimientos petrolíferos, es el paradigma de esta mezcla explosiva ya que, a la acción de la insurgencia, se unen las tensiones entre el gobierno central y el de la autonomía kurda por el control de las rentas del petróleo. Una disputa que es el principal escollo para aprobar la nueva ley electoral. Mientras el gobierno central quiere aplicar el censo de 2004, el gobierno autónomo de Erbil desea el censo de 2009 donde figuran todos los kurdos que han vuelto a la región tras el éxodo de tiempos de Sadam Husein.
Un retraso de las elecciones y nuevos atentados plantearían nuevos problemas a la retirada de las fuerzas estadounidenses, que ya ahora dedican casi una sexta parte de los efectivos que quedan en Iraq - unos 20.000 hombres- al gran reto logístico de desmantelar 300 bases y reembarcar gran cantidad de material.

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