Las izquierdas de Uruguay, desde las más extremas a las templadas, han obtenido en las consultas del pasado domingo menos cosecha de votos - excepto en la parlamentaria, donde han quedado en el filo de la mayoría absoluta - que la mucha que esperaban en las cuatro materias sobre las que se sufragó. Ni el ex guerrillero Tupamaro José Mújica logró el 50 por ciento de sufragios que necesitaba para proclamarse presidente en la primera ronda electoral, ni tampoco salieron adelante los dos plebiscitos propuestos por el mismo sector político, cuya propia semántica (FA, Frente Amplio) revela la delgadez extrema de su concepción del sistema democrático.
La aglutinada integración en un solo polo electoral de los diferentes segmentos de las izquierdas, que no ha bastado para alcanzar el límite crítico de la mitad de los sufragios emitidos, ha tenido como consecuencia, precio y coste que los dos partidos históricos de Uruguay, el Blanco y el Colorado, se hayan coaligado también para la segunda vuelta. Un desenlace que posiblemente no pensaban los frentistas que sobreviniera.
Y el hecho de que los votos logrados con la suma de éstos rebasen en términos porcentuales los obtenidos por los izquierdistas, aunque en modo alguno garanticen que esta suma prevaleciente se repeta en la segunda vuelta, sí configura la probabilidad de que ello pudiera ocurrir. Con lo cual no sería Uruguay otra cuenta más en el rosario de naciones iberoamericanas volcadas en un populismo perturbador, que genera crispación política, agitación social y perturbación en las condiciones necesarias para el desarrollo económico y los programas sostenibles en el medio y el largo plazo.
Pero lo que pulsa con más fuerza en el fondo de cualquier análisis sobre estas elecciones uruguayas es la evidencia del hartazgo de aquella comunidad nacional, tanto con la insistencia de las izquierdas en el revisionismo de lo pactado y resuelto sobre lo peor de lo ocurrido en el pasado patrio, como con la percepción sistémicamente maniquea de esas mismas izquierdas sobre las correlaciones existentes entre lo que se hace y lo que luego se ha de soportar.
O sea, como si las dictaduras militares del Cono Sur en tiempos de la Guerra Fría fueran efecto sin causa, espontánea brotación de la avaricia de los titulares de los medios de producción, y nunca resultado y respuesta a los procesos revolucionarios padecidos durante ese tiempo en el propio Uruguay con los Tupamaros, en la Argentina inmediatamente posterior al regreso de Perón (Montoneros, ERP, EGP, PRT, FAP .), y en el desestabilizado y desestabilizante Chile de Salvador Allende, con la guerrilla del castrista Mir (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).
El hecho de que sólo el 41 por ciento votara por la derogación de la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado ha demostrado que es mayor el voto asociado a la candidatura presidencial del Frente Amplio que el que suscribe la pretensión de borrar mediante un referéndum aquella ley que se consolidó previamente con otra consulta plebiscitaria. De alguna manera, este desfase entre una y otra magnitud abre, de una parte, la interrogante severa sobre si el Frente, Amplio de José Mújica logre en la segunda ronda de votaciones, el 29 de noviembre, frente al ex presidente Lacalle, aquello que no consiguió en la primera. Mientras que de otra parte, configura un espacio que acoge a cuantos entienden que el sentido de todo referéndum, como acto de democracia directa de virtualidad constituyente, supone de suyo lo irreversible de su dictado. Es un supuesto máximo del principio jurídico del "pacta sunt servanda", de que lo convenido debe cumplirse.
Sólo cabe oponer a ello lo otro del "rebus sic estantibus", el mientras estén así las cosas. Pero ¿qué cosas han cambiado desde 1989 cuando otro plebiscito aprobó esa ley que ahora se quiere derogar? Sólo ha cambiado que entonces no gobernaban en Uruguay las izquierdas y ahora sí gobiernan.

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