Toda comparación exige un término respecto del cual los casos en cuestión son contrastados. En tal sentido, aunque sea lejanamente, toda realidad es comparable con otra, porque al menos comparten, en cuanto existentes, algo en común por existir. A partir del existir de lo real, las comparaciones puedes ser más o menos ocurrentes, procedentes e incluso acertadas. Pero solamente son acertadas cuando la elección del término de comparación (que conlleva aislar una variable de todas las presentes) no desdice o distorsiona el conjunto de la realidad.
La tentación del presidente de un Estado de dilatar su mandato mediante reformas constitucionales no es la mejor forma, salvo supuestos realmente extraordinarios, de dar imagen de normalidad democrática. Pero analizar una realidad nacional como la colombiana y compararla -basándose en ese término de comparación como variable relevante- con los procesos de instauración de dictaduras en Hispanoamérica es traicionar el espíritu de la realidad política de ese continente.
Colombia es un sistema incomparablemente más democrático que la Venezuela chavista, el Ecuador correísta o la Bolivia moralista. Las cabezas visibles del llamado socialismo del siglo XXI -descarado totalitarismo que instrumentaliza el corpus institucional democrático- han mostrado claramente con su abrupto proceder su afán de refundar con artimañas el sistema constitucional desde sus más básicos presupuestos, controlando férreamente la educación y la opinión pública, acosando a la Iglesia católica -defensora de la libertad y de la dignidad de las personas más allá de su ideología-, y transformando la libertad ideológica en una expresión meramente retórica. Una versión actualizada -y con cierto exotismo cultural- de las llamadas democracias populares del socialismo real, eso sí menos grisácea, con mejor marketing y menos oposición de organismos internacionales (con una OEA especialmente cuidadosa y escandalosamente parcial en sus opiniones, según la ideología de los involucrados).
El golpe de Estado de Ortega (a través de los 6 magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) no es una mera pretensión de prolongar un mandato por ambición o por creerse imprescindible. Es el primer paso para la instauración de un régimen totalitario "bananasocialista", clon de los ya existentes, con el petrolífero apoyo del gran mentor Chávez. Muy alejado, en todo caso, de la realidad de un país como Colombia en el que el liderazgo de Uribe, con sus errores y limitaciones, busca alinearse con las democracias no solamente formales.
* José Luis Bazán es Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Máster en dirección de recursos humanos y organizaciones por el ESIC